GUANAJUATO, GTO.- El gobernador Miguel Márquez vetó la reforma impulsada por su partido en el Congreso Local, en la que se permitía que hijos, de hasta 24 años, podrían exigir a sus padres que los mantengan. 

Estos son los argumentos del gobernador para vetar la ley: 

El decreto aprobado en materia de alimentos, señala, no introduce mejoría alguna al régimen jurídico actual, que ya previene que la mayoría de edad no suspende ni restringe,  el derecho del hijo a recibir alimentos, siempre y cuando los necesite.

Bajo éste contexto, se observa que dicha reforma contenida en el Decreto Legislativo número 324, es innecesaria en cuanto se establece expresamente que los mayores de edad pero menores de veinticuatro años, mientras se encuentren estudiando, gozan de la presunción de necesitar alimentos.

Asimismo, de acuerdo con la ley actual en nuestra entidad, en materia de educación, la obligación de los padres de otorgar alimentos no se agota cuando los hijos cumplen la mayoría de edad, ya que la finalidad de proveerlos es para otorgarles una base formativa para que puedan desarrollarse profesionalmente.

De conformidad con lo anterior, detalla el Ejecutivo, se considera oportuna la revisión, ya que podría entrar en choque con la conciencia social sobre los alcances de la responsabilidad de los padres para darles a sus hijos estudios y los valores sociales del esfuerzo, la solidaridad filial y la idea de que los jóvenes al arribar a la mayoría de edad deben ser copartícipes y corresponsables de su proyecto de vida; por lo que puede propiciar efectos adversos en las relaciones familiares-

Para concluir, señala el titular del Ejecutivo, y en ejercicio de la facultad que el artículo 58 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato me confiere y que se materializa en el presente, tiene como finalidad, coadyuvar con la tarea desplegada por el Poder Legislativo, mediante el uso de éste diálogo constructivo y respetuoso entre ambos poderes, nuestra pretensión es la de abonar a la seguridad jurídica, a través del apego a las normas constitucionales y legales.