GUANAJUATO, GTO.- Para evitar que los partidos políticos se hagan propaganda con las obras realizadas por los gobiernos que encabezan, la diputada del PVEM en el Congreso de Guanajuto, Vanessa Sánchez Cordero,  presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios del Estado.

Al dar lectura a la exposición de motivos del documento, la diputada Vanessa Sánchez Cordero indicó que la iniciativa pretende erradicar las prácticas antidemocráticas que se han suscitado en la entidad en administraciones pasas, como sucede con la excesiva mercadotecnia gubernamental que se le quiere dar a todo lo refrene a la obra y servicios públicos.

Asimismo, habló de la importancia de la ejecución de la obra pública para sociedad y dijo que, ha alcanzado un grado de máximos estándares de vigilancia y auditoría. La legisladora hizo referencia a la costumbre que se práctica, apuntó, casi en todas las entidades del país de pintar, publicitar, nombrar o posicionar mediante colores, frases o inclusive con nombres de funcionarios las modificaciones o construcciones en el sector de la obra pública.

“Las acciones de gobierno no pueden estar sujetas siempre a un beneficio político, tal como lo es el caso de la obra pública. Las acciones de gobierno deben perder el interés partidista, toda vez que, un servidor público no sirve únicamente al parido que lo abanderó, sino que se debe a un interés general, ya que el recurso público que se ejerce se recauda sin fines partidistas”, afirmó.

Sánchez Cordero indicó que era imperdonable que los recursos públicos quisieran ser enlazados a un color, a un nombre o a un eslogan y que dicha situación iba en contra de la imparcialidad con la que los funcionarios públicos deberían ejecutar cada uno de los pesos asignados en el recurso.

Agregó que tal como lo señala la Carta Magna, la aplicación del recurso público debe ser imparcial, es decir, no debería tener un color, un nombre o un eslogan, simplemente debe tener un interés de erradicar una necesidad social.

Finalmente, subrayó que la propuesta pretende que en la elaboración de obra o la contratación de un servicio se evite un dispendio económico tendiente a posicionar a un gobierno como si se tratara de una marca del sector privado y no de una obligación constitucional.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Desarrollo Urbano y Obra Pública para su estudio y dictamen.