MÉXICO, DF.- En octubre de 2012, cuando Luis Videgaray recibió el préstamo de H&G para adquirir una casa en Malinalco, ya manejaba recursos del presupuesto federal y estaba obligado a cumplir disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Aunque aún no era nombrado secretario de Hacienda, como ha argumentado al defender la legalidad del préstamo que le dio una filial del Grupo Higa, en esa fecha era coordinador general del equipo de transición del preciso electo Enrique Peña Nieto.

Era el responsable de la administración de una partida de 152 millones de pesos que Banobras puso a disposición de los futuros funcionarios priistas.

Según una investigación de “The Wall Street Journal”, Videgaray Caso adquirió una casa de 850 metros cuadrados en un club de golf a las afueras de Malinalco con un préstamo que le otorgó en octubre de 2012 la empresa H&G, de Juan Armando Hinojosa, también involucrado en la adquisición de la casa blanca de Angélica Rivera.

Videgaray adquirió la propiedad en 581 mil dólares (unos 7.5 millones de pesos de ese año), y liquidó la hipoteca en enero de 2014, a pesar de que su plazo original era de 18 años.

Según “The Wall Street Journal”, las casas en el Club de Golf Malinalco se venden actualmente hasta en 1.2 millones de dólares, equivalentes a más de 15 millones de pesos.

La transición entre las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto inició el 5 de septiembre de 2012. Para sufragar los gastos, se creó un fideicomiso con más de 150 millones de pesos que fueron manejados por Banjército.

El pasado jueves, el responsable de la economía nacional aseguró que liquidó en enero de este año el crédito a H&G. “Por razones financieras, decidí prepagar el crédito con recursos propios. Ello ocurrió el 31 de enero de 2014”, dijo el funcionario en un carta a la opinión pública.

La vivienda aparece en la declaración patrimonial de Videgaray como una operación de contado, esto debido a que el formato no permitía precisar que el crédito era no bancario, aseguró el titular de Hacienda.

El funcionario asegura que la operación es “plenamente legal” cuando no era servidor público y dentro de parámetros de mercado por lo que “no existió conflicto de interés alguno”.

¿QUÉ DICE LA LEY?

El párrafo 12 del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades establece como obligación de los servidores públicos:

“Abstenerse, durante el ejercicio de sus funciones, de solicitar, aceptar o recibir, por sí o por interpósita persona, dinero, bienes muebles o inmuebles mediante enajenación en precio notoriamente inferior al que tenga en el mercado ordinario, donaciones, servicios, empleos, cargos o comisiones para sí, o para las personas a que se refiere la fracción XI de este artículo, que procedan de cualquier persona física o moral cuyas actividades profesionales, comerciales o industriales se encuentren directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidor público de que se trate en el desempeño de su empleo, cargo o comisión y que implique intereses en conflicto… Habrá intereses en conflicto cuando los intereses personales, familiares o de negocios del servidor público puedan afectar el desempeño imparcial de su empleo, cargo o comisión”.