GUANAJUATO, GTO.- Más de 300 mil toneladas de desechos tóxicos permanecen a cielo abierto en las instalaciones de Química Central de México SA de CV, en San Francisco del Rincón, pese a que fue clausurada hace siete años por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Es por ello que el Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso Local presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Profepa para que tome las acciones legales para que sean transportados a centros de acopio, tratamiento y/o disposición final esos residuos tóxicos.

La diputada Ma. Guadalupe Guerrero Moreno manifestó que la citada empresa había almacenado residuos peligrosos durante décadas sin las condiciones de seguridad necesarias y se dedicaba a la fabricación de productos químicos básicos como sulfato básico de cromo, líquido y sólido y dicromato de sodio.

Asimismo, mencionó que en su momento no acreditó su registro ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales como generadora de residuos peligrosos y contó con 2 pasivos ambientales, ambos por un total de 340,000 toneladas ubicados dentro y fuera de sus instalaciones, generados durante décadas por la acumulación de residuos peligrosos con cromo hexavalente, por lo que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente la clausuró en el año 2014

“Los pasivos ambientales y los incumplimientos a la legislación ambiental por parte de Química Central representaban y representan un riesgo inminente de desequilibrio ecológico, daño y deterioro grave a los recursos naturales del lugar y a la salud pública”, enfatizó Guerrero Moreno.

La legisladora agregó que hasta ahora la empresa no ha cumplido con el retiro de cientos de miles de toneladas de residuos químicos peligrosos e hizo referencia a un escrito remitido por el presidente municipal de San Francisco del Rincón, en el que solicitar se retome el tema, a fin de coadyuvar con los diferentes ámbitos de gobierno y establecer acciones para detener los impactos ambientales y sociales generados sobre esta problemática.

Finalmente, señaló que con el cumplimiento total de las medidas correctivas ordenadas por la PROFEPA se evitará que se sigan generando daños al ambiente y a la salud pública en las comunidades que se encuentran alrededor de la empresa.

El punto de acuerdo se turnó a la Comisión de Medio Ambiente para su dictaminación.