LEÓN, GTO.- Toyota mintió al informar el pasado nueve de junio que no había participado en la compra venta de terrenos para la construcción de su planta en Apaseo el Grande.

Un oficio revelado este lunes por el abogado Roberto Saucedo Pimentel revela que el 6 de diciembre del 2015 que Mike Bafan, presidente de Toyota México, no solamente le solicita al gobernador Miguel Márquez la compra del predio “La Mariscala”, sino que ademas presiona con esperar “una decisión favorable” para con ello llevar a cabo la instalación de la planta en Guanajuato.

La que sigue es la transcripción de estos extractos claves del oficio enviado al gobernador Miguel Márquez.

“Quisiéramos solicitarle de la manera más respetuosa que la compra del predio del sitio denominado “Mariscala” y la transmisión de la propiedad del mismo en los términos antes indicados a la empresa de Toyota que designemos sea realizada directamente por su Gobierno ya que esto es una condición necesaria para nuestro establecimiento en el Estado de Guanajuato. Nuestra petición no sólo obedece a políticas de nuestra empresa sino a una práctica globalmente aceptada como condición indispensable para el establecimiento de la industria automotriz terminal (…) Quedamos en espera de una decisión favorable a fin de someter a nuestro Consejo de Administración una autorización para llevar a cabo nuestro proyecto en el Estado de Guanajuato”.

La carta contradice lo dado a conocer por la empresa el pasado nueve de junio del 2016, donde mediante un boletín se deslindó de haber intervenido en la compra de los terrenos.

“Como es del conocimiento público, el Gobierno de Guanajuato ha realizado las gestiones de adquisición del predio directamente con los distintos propietarios del mismo. Toyota no ha participado en momento alguno en procesos de compra-venta de bienes raíces con particulares ni empresas”, detalla el comunicado de Toyota.

Al respecto, el abogado Roberto Saucedo Pimentel, quien se ha caracterizado por su activismo en temas de fiscalización de acciones gubernamentales en Guanajuato, dijo que “existe la posibilidad muy alta de que no sólo servidores públicos, sino directivos de la propia empresa, hayan entrado en contubernio para obtener un lucro indebido en la adquisición de las tierras donde habrá de instalarse la planta automotriz; debido a la magnitud del daño a las arcas públicas, es necesario que también se agote ésta nueva línea de investigación, la corrupción es un fenómeno también de empresas multinacionales”.

Gracias a un decreto de expropiación firmado por el presidente Enrique Peña Nieto, y dado a conocer el pasado cinco de septiembre, se pudo saber que el metro cuadrado de un total de 116.96 hectáreas sería pagado por la federación entre 55.41 y 53.80 metros cuadrados.

El metro sería pagado en esos precios a ejidatarios de las comunidades de Caleras de Ameche y La Norita en Apaseo el Grande, en base al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.

En cambio, según diversas investigaciones periodísticas, el Gobierno de Guanajuato pagó hasta 357.21 pesos el metro cuadrado a la empresa JAOS & SGB, la cual adquirió previamente 259.99 hectáreas en 124 pesos.