IGUALA, GUERRERO.- Expertos forenses recuperaron los restos calcinados de 28 personas que fueron localizados en varias fosas clandestinas en Pueblo Viejo, Iguala, que podrían ser de los 43 estudiantes desaparecidos la semana pasada en este municipio de Guerrero.
El fiscal guerrerense, Iñaky Blanco, aseguró que tardarán entre dos semanas y dos meses para identificar los restos hallados el sábado, además de dos sicarios confesaron haber llevado a 17 estudiantes a Pueblo Viejo.
“Los quemaron vivos, pusieron todos los cuerpos en la fosa, les echaron diésel y les prendieron fuego”, dijo uno de los 300 efectivos federales que custodian el lugar enclavado en lo alto de un cerro.
El fiscal Iñaky destacó que hay 29 probables responsables detenidos, entre ellos 22 policías de Iguala coludidos con el comando armado “Guerreros Unidos”.
“De acuerdo con declaraciones de seis personas, detenidas en diversos cateos en Iguala, el policía Francisco Salgado Valladares dio la orden para detener a 17 normalistas y El Choky, líder de la organización criminal Guerreros Unidos, que encabezó el asesinato de estos estudiantes, el pasado 26 de septiembre”, manifestó el funcionario estatal.
Además notificó el involucramiento y la orden de aprehensión en contra del exsecretario y del director de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores Velázquez y Francisco Salgado, respectivamente, y la orden de presentación del alcalde José Luis Abarca Velázquez, a quien ya buscan desaforar.
El domingo familiares de los jóvenes desaparecidos ya habían proporcionado muestras de ADN que se utilizarán para determinar si los restos pertenecen a alguno de los estudiantes.
La trágica desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Bugos”, de Ayotzinapa, se dio tras una protesta estudiantil contra las reformas educativas, que derivó en enfrentamientos con la Policía que dejaron seis muertos y 25 heridos, el 26 de septiembre.
La ONU denunció que “la extrema gravedad de los hechos, ligada a la desaparición de tantas personas, coloca lo acontecido entre los sucesos más terribles de los tiempos recientes”.
El gobierno de Guerrero ofrece una recompensa de un millón de pesos a quien proporcione datos sobre el paradero de los estudiantes.
