GUANAJUATO, GTO.- Sin contemplar la separación del cargo para funcionarios públicos que amenacen o bloqueen el trabajo de periodistas y defensores de derechos humanos, así como medidas para evitar que el uso del presupuesto de publicidad modifique líneas editoriales en los medios, este martes fue aprobado el dictamen para una todavía insuficiente ley de protección para esta banda.

El dictamen fue probado por unanimidad de votos en la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables del Congreso de Guanajuato, luego de tres años de la presentación de la primera iniciativa, y con la presión nacional de procurar la supervivencia de periodistas y defensores de los derechos humanos.

Hay que decir que en el dictamen ya se establece como forma de agresión la censura y la represión, pero no el bloqueo y las amenazas por parte de funcionarios públicos: aspectos que periodistas solicitaron a diputados incluir en la iniciativa.

Además, en el apartado de las sanciones a los servidores públicos simple y sencillamente no se establece la separación del cargo tal y como algunos periodistas lo habían planteado.

El mal uso de la publicidad institucional en los medios de comunicación para modificar líneas editoriales y conseguir medios a modo para los gobernantes en turno tampoco fue plasmado en el dictamen.

Esto, pese al caso reciente con la periodista Coco Bernal en León, donde fue callada y bloqueada por sus ex patrones en la radiodifusora La Poderosa RPL , a petición del equipo de comunicación del alcalde panista Héctor López Santillana.

Otro de los aspectos que pueden generar inconformidad entre los “peticionarios” es la conformación del Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el cual resulta estar plagado de funcionarios públicos.

Concretamente lo integraran: el secretario de Gobierno, Gustavo Rodríguez Junquera; su pupilo el procurador de los Derechos Humanos, Raúl Montero de Alba; el procurador de Justicia, Carlos Zamarripa; el secretario de Seguridad Pública, Álvar Cabeza de Vaca; la titular de la Secretaría de Transparencia, María Isabel Tinoco; y un representante del Poder Judicial.

Solamente están contemplados dos representes de los periodistas y dos defensores de los derechos humanos.

Finalmente este Consejo es el que decidirá en qué casos se aplican las medidas preventivas, de protección o de urgente protección.

Sobre este último tipo de medidas resalta la reubicación temporal del domicilio del periodista o el defensor de los derechos humanos; la Protección de bienes inmuebles; las acciones que se requieran para salvaguardar la vida, integridad, patrimonio y libertad de los beneficiarios; y las demás que determine el Consejo Estatal.

En caso de que el dictamen sea aprobado por el pleno del Congreso, la ley estaría vigente al siguiente día de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato.
Además el gobernador Miguel Márquez tendrá 180 días naturales a partir de la entrada en vigor del decreto parea emitir el reglamento de ley.

Y, finalmente, el Consejo Estatal deberá instalarse dentro de los 30 días naturales posteriores a la entrada en vigor del reglamento.