LEÓN, GTO.- Los políticos del “Verde” decidieron entrarle a la bronca que está generando la construcción del fraccionamiento La Cucursola (propiedad del diputado federal panista Fernando Ascencio Barba) en la Sierra de Santa Rosa, municipio de Guanajuato.
Lo harán, mediante la presentación de una denuncia ante la Procuraduría de los Derechos Humanos.
Cosa que está bien pero que, en los hechos, luce poco prometedora pa cancelar en definitiva la construcción de ese fraccionamiento, aparentemente levantado en zona forestal sin los permisos federales correspondientes.
Tan es así, que actualmente está clausurado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
En fin, los esfuerzos del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) corren a cargo del actual diputado Israel Cabrera Barrón, por una sencilla razón; fue delegado de la Semarnat en el pasado gobierno federal, así que le haya al tema.
Cabrera Barrón dice que el panista que desarrolla el fraccionamiento tiene que tener un Estudio Técnico Justificativo para Cambio de uso de Suelo en terrenos forestales.
También debe mostrar el Manifiesto de Impacto Ambiental para cambio de uso de suelo en territorios ambientales.
Y, por último, el visto bueno del Consejo Estatal Forestal. De no contar con estos requisitos, ese fraccionamiento no puede hacerse.
Ante esta situación el diputado no descartó presentar denuncia ante la Profepa y, si el tufo a corrupción aumenta, incluso ante la Fiscalía General de Zamarripa, perdón, del Estado.
CONTEXTO
El pasado 7 de febrero se dio a conocer que habitantes de Santa Rosa corrieron gachamente al diputado federal panista y desarrollador de La Cucursola, Fernando Ascencio Barba, al acusarlo de afectar sus derechos ambientales.
Por su parte Ascencio Barba sostuvo que cuenta con los permisos para desarrollar un fraccionamiento que consistiría en 49 cabañas enclavadas en una superficie de siete hectáreas.
Sin embargo, la gente del lugar no solamente le ha dicho no, sino que se ha amparado contra una movida diseñada para pasarse por el “arco del triunfo” a las autoridades federales.