CIUDAD DE MÉXICO.- Este lunes se cumplen ya ocho años de la desaparición y muerte de los 48 normalistas de la escuela rural Isidro Burgos de Ayotzinapa.

El 26 de septiembre de 2014 los estudiantes de la escuela para maestros rurales de Ayotzinapa desaparecieron cuando se dirigían a Ciudad de México para participar en una manifestación por el 2 de octubre.

Según la polémica versión del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), la llamada “verdad histórica”, policías corruptos detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula y tiró los restos en el río San Juan.

La Administración de López Obrador desmintió esa “verdad”, al coincidir con familiares y con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que señaló que los cuerpos no pudieron ser quemados en ese lugar.

El subsecretario de Gobernación, Alejandro Encimas, presentó un informe en el que calificó oficialmente los hechos como un “Crimen de Estado”.

También señaló que “no hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentren con vida, por el contrario, todos los testimonios, evidencias, acreditan que éstos fueron arteramente ultimados y desaparecidos”.

El informe y el desistimiento de la Fiscalía General de la República para obtener 21 órdenes de aprehensión que ya había solicitado, han generado desconfianza e incertidumbre entre el movimiento integrado por familiares de los desaparecidos e integrantes de los normalista de Ayotzinapa.