LEÓN, GTO.- La Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg) determinó que el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (Sapal) violentó los derechos humanos de los cinco trabajadores que murieron intoxicados el 13 de noviembre del año pasado en la principal planta de tratamiento de aguas de la ciudad.
Los trabajadores que perdieron la vida se llamaban: Juan Antonio Méndez Rivera, José Salvador Afanador Martínez, Víctor Ricardo Briseño Rangel, Alberto de Jesús Silva Zúñiga, Omar Ignacio Martínez Flores y Juan Antonio Méndez Rivera.
Del expediente de queja 24/21-A-II derivaron 3 recomendaciones dirigidas al presidente del Consejo Directivo de Sapal, Jorge Ramírez Hernández, y 2 a la encargada de la Contraloría municipal, Viridiana Margarita Márquez Moreno.
Lo anterior, después de acreditar que fueron violados sus derechos laborales, al no dotar a los trabajadores del equipamiento ni la capacitación.
A Jorge Hernández se le pidió instruir la reparación integral del daño a la esposa de una de las víctimas, así como a la concubina e hija de otro de los trabajadores.
Para ello, se le solicitó hacer efectivo el seguro de vida de las personas fallecidas, además de cumplir de manera íntegra con las resoluciones en cuanto a indemnizaciones como forma de reparación del daño. Además de ofrecer y otorgar atención médica, psicosocial y/o psiquiátrica especializada a la familia.
En tanto, a la contralora interina Viridiana Márquez se le pide iniciar un proceso administrativo en contra de Asesorías e Investigaciones, Juan Jesús Estrada González, por las omisiones en la investigación y dilación en el procedimiento administrativo.
Los antes mencionados tienen 5 días hábiles para responder la aceptación de dicha recomendación y 15 para acreditar su cumplimiento.
SAPAL ATIENDE, PERO NO ACEPTA AÚN RECOMENDACIONES DE PRODHEG
El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) informó que está “atendiendo” las recomendaciones de la Procuraduría de los Derechos Humanos, en torno a la muerte de cinco de sus trabajadores.
Señaló que a la fecha el seguro de vida -correspondiente a 48 meses de sueldo y cuyas primas fueron pagadas por SAPAL-, ha sido entregado a las familias.
Que el Consejo Directivo de SAPAL autorizó un apoyo extraordinario equivalente a tres meses de sueldo a fin de atender las necesidades más inmediatas de los deudos, así como la cobertura de sus gastos funerarios.
Mientras que los finiquitos correspondientes, han sido depositados ante la autoridad laboral desde el 14 de diciembre del 2020 y 8 de enero del 2021, respectivamente.
Además, se les ha acompañado en la gestión de los trámites para el cobro de la pensión ante el IMSS aplicable para ascendientes, descendientes, esposas o concubinas.
Con estas acciones, SAPAL señala que cumple con sus obligaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social y sus reglamentos y sensible a la situación ha generado apoyos complementarios con total apego a lo que le faculta la Ley.
También establece que ha cumplido con todos los requerimientos formulados por autoridades administrativas, penales y del trabajo, incluyendo requerimientos de información, declaraciones, visitas al lugar del accidente, entre otras.
A la fecha, asegura, ninguna autoridad ha dictado resolución que determine alguna indemnización.
Agregó que desde el incidente se ha ofrecido apoyo psicológico a las familias que lo han aceptado
Señala que desde que SAPAL tomó la operación de la Planta de Tratamiento y el Módulo de Desbaste, se establecieron controles de acceso y se dieron instrucciones para que ningún elemento pueda ingresar sin portar el equipo de protección correspondiente. Estos controles han sido reforzados.
Manifestó que, con motivo de la inspección realizada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a la que hace referencia la resolución, la autoridad laboral federal determinó el cumplimiento de SAPAL de las normas oficiales mexicanas en materia de condiciones de seguridad en áreas confinadas para realizar trabajos en el Módulo de Desbaste.
