LEÓN, GTO- Finalmente el alcalde de León, Héctor López Santillana, dio la cara.  Y lo hizo para advertir que le ha pedido a los empresarios del transporte público que presenten denuncias contra probables delitos cometidos por quienes se han manifestado en contra del aumento de dos pesos a la tarifa. Incluso adelantó que su gobierno hará lo mismo.

“He pedido a los concesionarios del transporte público que levanten las denuncias que correspondan por la comisión de probables delitos. De igual manera lo haremos como autoridad municipal, delitos que van desde la incitación a la violencia hasta daños en propiedad ajena”, señaló.

Agregó que ya se tienen identificadas a las personas y a las cuentas de redes sociales que incitan a la violencia.

De hecho, dijo, la Procuraduría General de Justicia ya inició una carpeta de investigación al respecto.

También hizo responsables a los abogados José Roberto Saucedo Pimentel y Visente Hernández Barrios de lo que pudiera ocurrir a su familia, a la de la regidora Bety Yamamoto y a la del síndico

Luis Ernesto Ayala Torres, ya que ellos publicaron en redes sociales sus domicilios particulares para que las personas fueran a manifestarse.

“Quisiera agregar que hace una hora, se publicó en redes sociales el domicilio particular de un síndico, una regidora y de su servidor insultando e incitando a que las manifestaciones se multipliquen en los domicilios personales.

Sobre la posibilidad de que baje la tarifa dejó en claro que no hay marcha atrás.

“Lo hemos dicho, agotamos todas las instancias posibles para no afectar a los usuarios y al mismo tiempo, evitar que colapsara el sistema de transporte público en León”, dijo en una rueda de prensa esta tarde.

Finalmente le dio su llegue a la pasada administración priista al señalar que fue esta, la que les heredó la bronca.

Independientemente de ello, el panista insistió en que su gobierno asume el costo político.

POR CIERTO…

Héctor López Santillana le recordó a la banda cuáles son las obligaciones que los empresarios transportistas tienen ahora que se les aprobó el incremento de dos pesos.

Y como él mismo dice, la primera parte tiene que ver con que “el 21 de diciembre de 2016, explicamos que el acuerdo tarifario abarcaba la renovación de la flota, garantizar un mejor servicio de prepago y monitoreo de las unidades, cumplir con horarios y frecuencias de las rutas, incrementar las capacitaciones, mejorar las condiciones laborales para los operadores, así como incluir acciones de mayor cobertura e integración de las rutas suburbanas para la zona oriente y sur”.

La segunda parte tiene que ver con que “otro compromiso es implementar el programa de gratuidad en el transporte para los adultos mayores en condiciones de pobreza, que por cierto giré instrucciones a funcionarios de mi gabinete para atender las genuinas necesidades sociales de ellos, y en estos momentos están reunidos con sus representantes”.

Y la tercera parte es que “todas estas acciones no se podrían realizar bajo el mismo esquema financiero del Sistema Integrado de Transporte, aunado al entorno económico en que nos encontramos en este momento, definidos principalmente por la fluctuación del dólar y el aumento de la gasolina”.