GUANAJUATO, GTO.- Jorge Antonio Rodríguez Medrano, dueño del canal de cable TV8 de Guanajuato capital,  fue vinculado a proceso penal por falsedad de declaraciones ante una autoridad judicial.

La bronca consiste en que Rodríguez Medrano mintió a la autoridad sobre cómo obtuvo copias de una carpeta de investigación, en la que el abogado y activista José Roberto Saucedo Pimentel era acusado por su ex esposa de “violencia intrafamiliar”.

Esa denuncia fue utilizada por Rodríguez Medrano para calificar públicamente a Saucedo Pimentel como “golpeador de mujeres”, aunque posteriormente esa carpeta de investigación fue archivada por falta de elementos. 

Eso desató una guerra judicial entre ambos y, en las diversas carencias, Rodríguez Medrano cayó en varias contradicciones. 

Primero dijo que las copias de esa investigación le fueron otorgadas por Yuliana Arcos, ex esposa de Saucedo Pimentel. 

Luego, que le fueron entregadas de forma anónima y, en otro momento, que las copias fueron dejadas en las puertas de su empresa televisiva. 

Saucedo lo demandó penalmente por falsedad de declaraciones, pero el 18 de diciembre del 2019 la jueza descontrol del juzgado de oralidad penal de la primera región del estado decidió no vincular a Rodriguez Medrano a proceso penal. 

Saucedo penal enfiló baterías a la apelación y ahí logró revocar la decisión en primera instancia.  

Y es que la tercera sala unitaria en materia penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado determinó el 18 de febrero de este año, dictar contra Jorge Antonio Rodríguez Medrano auto de vinculación a proceso por falsedad de declaraciones. 

CONTEXTO  

José Roberto Sauce Pimental ha sido pieza clave en los señalamientos de una serie de actos que involucran a Rodríguez Medrano con posibles casos de corrupción y favoritismo con el gobierno de Guanajuato capital, al que le debe 80 millones de pesos por el uso de cableado en la vía pública. 

Saucedo Pimentel también señaló los contratos de publicidad otorgados a familiares de Rodríguez Medrano, quienes también eran funcionario públicos.