LEÓN, GTO.- El pasado lunes, el diputado federal del PAN, Ricardo Sheffield Padilla, dio contestación a una demanda civil interpuesta por el Órgano de Fiscalización Superior de Guanajuato (OFS), ante el Juez Sexto Civil de Partido, mediante la que se le reclama 1,818 pesos como pago de daños a la Hacienda Pública.

Ese proceso, según informa el legislador, fue originado por haber hecho descuentos o cancelado tres multas de tránsito en el año 2011, cuando fue alcalde de León.

Sobre el caso, el OFS observó y cuestionó las facultades legales de la figura del alcalde para hacer descuentos sobre las multas, y rechazó los argumentos que se expusieron en la etapa de solventación de observaciones, de tal forma que el proceso se encuentra ahora ante un juez civil.

El diputado Ricardo Sheffield señala que aunque se trata de una cantidad mínima por resarcir, agotará todas las instancias legales a su alcance, para demostrar que se actuó en apego a derecho y el reclamo carece de fundamento.

Por otro parte, lamenta que el proceso de revisión de un hecho menor se prolongue por cinco años, generando un gasto al erario que es mucho mayor que el del hecho reclamado (por los costos legales que implica) y sobre todo, destinando el tiempo y esfuerzo de servidores públicos en un caso como este, mientras otros verdaderamente delicados están en lista de espera.

Sheffield Padilla señala que es muy positivo que la revisión al ejercicio de recursos públicos a su gestión como alcalde ha sido minuciosa y exhaustiva por parte del máximo órgano fiscalizador en la entidad, lo que da la certeza a los ciudadanos que su administración se condujo en apego a derecho.

Sin embargo, este proceso referido sobre las multas, es un claro ejemplo de lo perfectible que son las leyes y procesos de fiscalización; para que en efecto, se responda a la exigencia ciudadana de que los esfuerzos fiscalizadores se enfoquen en los procesos que más lo ameriten.

En opinión del diputado, se deben optimizar los esfuerzos de los órganos fiscalizadores, para asegurar que cumplan a cabalidad con su función revisora del ejercicio del gasto público, establezcan prioridades congruentes en las revisiones, sean imparciales, y sin descuidar la integralidad de las revisiones hacia todos los sujetos obligados por la ley, se enfoquen en la atención de los casos en los que hay indicios de mal uso de los recursos.