GUANAJUATO, GTO.- En el marco del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo), la mayoría en el Congreso del Estado rechazó dos exhortos al Gobierno de Guanajuato para garantizar el aborto en la entidad.
Primero, la diputada de Movimiento Ciudadano, Sandra Alicia Pedroza Orozco, expresó que el Gobierno del Estado de Guanajuato recientemente ordenó suspender el otorgamiento de los servicios de interrupción voluntaria del embarazo, toda vez que la información fue confirmada por el secretario de Salud mediante una entrevista brindada a un medio de comunicación local.
La legisladora agregó que la decisión es inconstitucional y un retroceso en los avances que se tenían para garantizar desde la política pública el derecho a decidir de las mujeres ante la omisión del Poder Legislativo, además de ser también una violación al principio de progresividad que deben tener los derechos humanos.
Ante ello, propuso un punto de acuerdo de obvia resolución para exhortar a la gobernadora del estado de Guanajuato, para que promueva, respete, proteja y garantice los derechos de las mujeres de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, instruya la restitución de los Servicios de Interrupción Voluntaria del Embarazo en los Centros de Atención Integral de Servicios Esenciales de Salud (CAISES) y Red de Hospitales pertenecientes al Sistema Estatal de Salud, y asegure la continuidad de los mismos.
Asimismo, se exhorte al secretario de Salud del Estado, para que promueva, respete, proteja y garantice los derechos de las mujeres de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Se proponga y coordine la restitución de los servicios de interrupción voluntaria del embarazo en los Centros de Atención Integral de Servicios Esenciales de Salud (CAISES) y Red de Hospitales pertenecientes al Sistema Estatal de Salud. Y se garantice que se implemente de manera obligatoria como parte de la capacitación, la igualdad de género y la perspectiva de género para todo el personal de salud del Estado.
De igual manera, se exhorte a la directora del Instituto para las Mujeres Guanajuatenses, para que promueva, respete, proteja y garantice los derechos de las mujeres de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Proponga y contribuya a coordinar la restitución de los servicios de interrupción voluntaria del embarazo en los Centros de Atención Integral de Servicios Esenciales de Salud (CAISES) y Red de Hospitales pertenecientes al Sistema Estatal de Salud.
Así como que promueva y garantice que se implemente de manera obligatoria como parte de la capacitación, la igualdad de género y la perspectiva de género para todo el personal de la Administración Pública del Estado.
Se exhorte a la Procuradora de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato para que investigue, de seguimiento y resuelva las presuntas violaciones de derechos humanos por actos u omisiones cometidas por parte de las personas servidoras públicas que resulten responsables de la suspensión de los servicios de interrupción voluntaria del embarazo en los distintos Centros de Atención Integral de Servicios Esenciales de Salud (CAISES) y Red de Hospitales pertenecientes al Sistema Estatal de Salud.
Y promueva, respete, proteja y garantice los derechos de las mujeres de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, proponiendo a las autoridades el Estado que, en el ámbito de sus competencias, promuevan cambios y modificaciones de disposiciones legislativas y reglamentarias, así como de prácticas administrativas que, a juicio de la Procuraduría, redunden en una mejor protección de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
“Se exhiben las amenazas y coerción que está padeciendo el personal de salud, al verse obligados a negarse a prestar los Servicios de Interrupción del Embarazo -que ya daban- por miedo a perder su trabajo, lo cual también es violatorio a sus derechos humanos, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha establecido que no se debe criminalizar a las personas que apoyan a las mujeres a interrumpir su embarazo”, finalizó.
La solicitud de obvia resolución no fue aprobada, por lo que la propuesta se turnó a la Comisión para la Igualdad de Género para su estudio y dictamen.
SEGUNDO RECHAZO
Este mismo jueves seis de marzo, el diputado Antonio Chaurand Sorzano, integrante del grupo parlamentario del Partido MORENA, presentó un punto de acuerdo de obvia resolución para exhortar al Gobierno del Estado de Guanajuato, así como a la Secretaría de Salud, para que garanticen en todos los centros de salud la protección integral de los derechos reproductivos de las mujeres en la entidad.
Lo anterior, en estricto apego a los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), particularmente a partir de la resolución histórica del 7 de septiembre de 2021, que declaró inconstitucional la criminalización absoluta del aborto y reconoció el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir sobre sus cuerpos.
Se añade que es imperativo que el Estado de Guanajuato alinee sus políticas y prácticas médicas con esos criterios, asegurando el acceso a servicios de salud reproductiva seguros, legales y libres de estigma. Lo que incluye, se precisa, la implementación de protocolos claros para la interrupción legal del embarazo en los casos permitidos por la ley, así como la promoción de educación sexual integral y acceso a métodos anticonceptivos.
Al hacer uso de la voz, el legislador se refirió a la resolución emitida en 2021 por la SCJN que declara como inconstitucional la criminalización del aborto, donde se establece que penalizar el aborto de manera absoluta viola los derechos humanos de las mujeres y personas gestantes, en particular su derecho a la autonomía reproductiva, a la salud y a la igualdad.
El congresista manifestó que en Guanajuato la situación del aborto es preocupante, debido a que en los centros de salud estatales no se está brindando la atención a todas aquellas mujeres que busquen la interrupción segura del embarazo, esto de acuerdo con testimonios de diversas organizaciones civiles y colectivos, así como por las propias declaraciones en días recientes del secretario de Salud, Gabriel Cortés Alcalá.
“Guanajuato se encuentra dentro de los diez estados con mayor solicitud de aborto legal, ello da indicios de la necesidad de regular dicha práctica; como consecuencia las mujeres guanajuatenses tienen que recurrir a otras entidades federativas a practicarlo, pero ¿Quiénes pueden acceder a un aborto legal? Las mujeres que pueden costear su movilidad a otros sitios, suponiendo que tienen acceso a información en torno al tema”, dijo.
El diputado señaló que, en la entidad, la legislación en materia de salud reproductiva es altamente restrictiva por solo permitir la interrupción del embarazo en casos de violación o cuando la vida de la madre está en riesgo, circunstancia que ha generado un grave problema de salud pública, debido a que una gran parte de abortos en México ocurre en condiciones inseguras, especialmente en estados con leyes estrictas como en la entidad.
“La educación sexual integral y la prevención deben ser prioritarias para reducir embarazos no deseados y salvar vidas. La sociedad y las autoridades deben priorizar la salud y los derechos de las mujeres sobre posturas ideológicas, promoviendo un diálogo informado y políticas públicas basadas en evidencia”, finalizó.
Las diputadas Martha Edith Moreno Valencia y Plásida Calzada Velázquez hicieron uso de la tribuna para hablar a favor de la obvia resolución.
Moreno Valencia indicó que la ideología personal no debe estar por encima de los derechos de la ciudadanía, pues negar que las mujeres tengan acceso a la interrupción de embarazo es una práctica que atenta contra los derechos a la salud, a la dignidad y al derecho de decidir sobre sus cuerpos.
Agregó que el acceso a servicios de salud de calidad incluyendo la interrupción del embarazo en condiciones seguras deberá estar garantizado por el Estado sin estar sujeto a prejuicios, ideologías o barreras institucionales para que las mujeres no se vean obligadas a procedimientos inseguros que pongan en riesgo su bienestar y que perpetúan desigualdad.
Finalmente, la legisladora precisó la urgencia de que la sociedad alce la voz por la protección y el cumplimiento de los derechos humanos y que todas las mujeres sin distinción alguna puedan acceder a una vida digna, saludable y libre de discriminación, para así resarcir una deuda histórica que se tiene con dicho sector de la sociedad.
Por su parte, la diputada Plásida Calzada Velázquez se refirió a lo que establece la Constitución federal sobre los derechos humanos de las personas y al derecho a decidir el espaciamiento de los hijos de las mujeres y personas con capacidad de gestar, por lo que se abre, dijo, la posibilidad a todas las técnicas para la planificación que incluye la interrupción del embarazo.
Apuntó que las autoridades están obligadas a garantizar los derechos humanos de todas las personas, por lo que el Estado está obligado a garantizar la libre determinación de las mujeres, para que dispongan de manera libre de su cuerpo, libre de imposiciones y de toda trasgresión.
La obvia resolución no fue aprobada, por lo que la propuesta se turnó a la Comisión para la Igualdad de Género para su estudio y dictamen.
