GUANAJUATO, GTO.- El pastor de los diputado del PAN, Éctor Jaime Ramírez Barba, lanzó la advertencia a la ex presidenta municipal de León, Bárbara Botello Santibáñez, que en caso de que alguna de las responsabilidades penales que resultaron de los resultados de las auditorías practicadas a su administración, ejercerán presión para su desafuero.

Con ello se refirió a las responsabilidades penales determinadas por la Auditoría Superior del Estado (ASEG) en la revisión de ocho contratos firmados con distintas empresas por la administración encabezada por la ahora diputada federal. La auditoría determinó 24 responsabilidades administrativas, 15 civiles y 10 penales.

“Esa auditoría refleja severas lesiones al erario del municipio con empresas fantasmas perfectamente documentadas, no es posible que hayan hecho eso y bueno pues viene más de 20 sanciones administrativas y 10 presuntas responsabilidades penales y estaremos ahora procurado acelerar el paso para que la procuraduría estatal y la Procuraduría General de la República actúen en consecuencia y si es necesario ya después de ese proceso que el juez así lo determine, estaríamos solicitando el desafuero porque hoy los servidores están muy claro en este procedimiento, entonces si es el caso que esto llegara hacia la alcaldesa estaremos pidiendo el desafuero de ella”, señaló Ramírez Barba.

El legislador consideró que existió dolo en las acciones que se revisaron por diversos servicios prestados al anterior Ayuntamiento, ya que dijo que fueron hechos que fueron repetitivos. en los hecho “… está un contrato con una empresa que cuando vas no está la empresa y productos y se pago un servicio, esos son los hechos…en estas 10 empresas que no existían o con productos que no se entregaron o que se cobraron cosas que hacia el propio Ayuntamiento son más de 4 millones de pesos, pero no solamente es el monto sino aparte la intencionalidad”, reiteró.

Ramírez Barba reiteró que si alguna de las responsabilidades apunta hacia la ex alcaldesa pedirán a la Procuraduría de Justicia del Estado o a la Procuraduría General de la República que proceda, esto dependerá del tipo de fondos a los que se refiera el presunto daño.