LEÓN, GTO.- Los diputados locales del PAN presentaron ante el Congreso del Estado una  iniciativa de reforma al Código Civil para crear un Registro Estatal de Deudores Alimentarios.

En la exposición de motivos, la diputada Martha Isabel Delgado Zárate explicó que dicho Registro será una herramienta más con la que se pretende hacer efectivo el derecho de los acreedores alimentarios.

Detalló que el Registro permitiría contar con un parámetro de medición más o menos real pues iría de acuerdo con los datos estadísticos con los que cuenta el Poder Judicial del Estado respecto a las demandas familiares en las que se incluye el tema alimentario.

“La anotación en el Registro Estatal de Deudores Alimentarios que se propone, tendría efectos provisionales y, por lo tanto, la medida cautelar es proporcional al fin perseguido porque siempre estaría al alcance del deudor alimentista la cancelación de su anotación en dicho Registro al cumplir con el pago oportuno de su adeudo alimentario”, expuso.

La legisladora comentó que en ocasiones, la efectividad del derecho fundamental de un acreedor alimentario a recibir sus “alimentos” depende enteramente de la actitud que asuma el deudor fuera o dentro de un proceso familiar, lo cual, hace depender la exigencia y efectividad del derecho a recibir alimentos a que el deudor quiera o no cumplir con él, lo cual subrayó, es inaceptable.

“Hoy, cuando en un juicio se demanda el cumplimiento del pago de una pensión alimentaria, dicha prestación puede tener cierto grado de efectividad cuando el deudor alimentista es un asalariado, es decir, que por su trabajo, percibe un ingreso fijo determinado el cual permite se establezca la medida de aseguramiento de un porcentaje de los prestaciones salariales; sin embargo, eso mismo no ocurre cuando el deudor alimentario no tiene ingresos comprobables, o bien, los que dice tener, siempre son menores a la realidad percibida desde el nivel de vida de los deudores alimentarios, por lo que se dificulta la fijación del quantúm de la pensión alimentaria”, dijo.

Finalmente, consideró que los roles indebidamente asignados desde una perspectiva de género, coloca a las mujeres en un plano de desigualdad económica frente a su pareja, y es causa de relaciones asimétricas de poder que colocan a la mujer y a las hijas e hijos en relaciones subordinadas, lo que conlleva la perpetuación de la violencia familiar en su modalidad económica.

La iniciativa se turnó a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen.