GUANAJUATO, GTO.- El diputado de morena, Ernesto Alejandro Prieto Gallardo, formuló un punto de acuerdo en el Congreso de Guanajuato para exhortar a la Fiscalía General del Estado para que deje sin efecto las modificaciones que se hicieron en su reglamento interno, para supuestamente dotar de una jubilación de lujo a su titular, Carlos Zamarripa. La solicitud no fue aprobada.
El legislador se refirió a las notas periodísticas donde se informa de la reforma realizada al citado reglamento, la cual, dijo, tiene implicaciones muy significativas tanto en las finanzas de la Fiscalía como en el hecho de que permite que los funcionarios de esa, con más de 15 años de servicio activo, puedan llegar a jubilarse prácticamente con una pensión casi igual a su sueldo neto actual.
Prieto Gallardo manifestó que esa noticia se da en un momento en que se prevé que el fiscal general se jubile, y subrayó que no valía argumento alguno que pretenda hacer pasar ese abuso como legal y legítimo, excusándose en la autonomía de la Fiscalía.
“La forma en que se ha actuado desde la fiscalía en este asunto, claramente contraviene el principio de honradez previsto en los artículos 21 y 109 de la Constitución federal, pudiendo actualizarse las sanciones de suspensión, destitución e inhabilitación, así como sanciones económicas que deben establecerse de acuerdo con los beneficios económicos que obtengan los responsables con los daños y perjuicios patrimoniales causados”, enfatizó el congresista.
Asimismo, precisó que el artículo 127 de la Carta Magna establece en su base IV cuarta, la prohibición de conceder o cubrir jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, liquidaciones, préstamos o créditos, sin que se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo, lo que no se actualiza en el caso del reglamento interior de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, dada la naturaleza de ese, cuyo objeto es regular la organización, estructura, atribuciones y funcionamiento de la citada institución, no cuestiones laborales, de jubilaciones o pensiones.
Finalmente, el legislador remarcó que el sistema complementario de seguridad social de la Fiscalía General del Estado claramente era una violación a prohibiciones constitucionales, por lo que debían hacer una llamado a que se revierta la modificación expresada que beneficia en forma ilegal e ilegítima a funcionarios de la Fiscalía.
Al no ser aprobada, la propuesta se turnó a la Comisión de Justicia para su dictaminación.
