GUANAJUATO, GTO.- La diputada Laura Cristina Márquez Alcalá presidenta de la subcomisión de Normatividad Legislativa presentó la Guía Institucional para la Consolidación del Sistema de Justicia Penal 2022-2024, región centro.

Márquez Alcalá dijo que con la guía se busca que los órganos consolidadores puedan seguir ciertas líneas estrategias en la consolidación del sistema de justicia penal.

En ese sentido, dijo, la importancia de la consolidación del citado sistema consiste en prevenir y combatir el crimen, garantizar los derechos humanos, fomentar una cultura de respeto a la ley y contribuir al crecimiento económico, al crear un entorno más seguro para los negocios y la inversión.

También expuso que la guía consta de 4 líneas estratégicas:

1. Acompañamiento de la Unidad de Apoyo de Justicia y de los representantes de los órganos de consolidación a los operadores del Sistema de Justicia Penal de las entidades federativas.
2. Profesionalización y especialización en materia de justicia penal: promoción de la igualdad de género, mejora de la eficacia del sistema de justicia, reducción de la discriminación y fortalecimiento de los derechos humanos.
3. Identificar el estatus de guarda en el sistema integral de justicia para adolescentes, atención a víctimas, el sistema penitenciario estatal y servicios postpenales para lograr el óptimo funcionamiento del sistema de justicia penal.
4. La implementación de herramientas de justicia digital y la evaluación del sistema de justicia.

La legisladora abundó en que la consolidación lo que propicia es un cambio jurídico en la cultura de la sociedad y dar esos pasos necesarios en la exigencia de justicia, de procesos más transparentes y ágiles, así como la garantía de los derechos humanos a través del cumplimiento de la norma.

Subrayó que Guanajuato ha manifestado su total disposición de que puedan acompañarlos de manera directa las diferentes entidades federativas, así como la Secretaría de Gobernación y dejar esos canales de comunicación abierta.

Finalmente, Márquez Alcalá argumentó que se tenía una sola misión, garantizar el acceso a la justicia para las personas en cualquier estado de la República y un debido proceso, en el que se puedan consolidar esquemas de prevención y atención e ir eliminando esas situaciones.