GUANAJUATO, GTO.- El Procurador de los Derechos Humanos, Gustavo Rodríguez Junquera, presentó el vigésimo segundo informe de actividades ante el Congreso de Guanajuato .

Dijo que durante todo su periodo (noviembre de 2008 a diciembre de 2015) se han recibido 8,393 quejas, algo así como 1,050 quejas por año.

Las principales autoridades señaladas como responsables en las quejas son las direcciones de seguridad pública municipal, la Procuraduría General de Justicia, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, y diversas autoridades federales, estas últimas remitidas a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Las principales autoridades señaladas como responsables en las quejas son las direcciones de seguridad pública municipal, la Procuraduría General de Justicia, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, y diversas autoridades federales, estas últimas remitidas a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

“El resultado se tradujo en la emisión de 3, 698 recomendaciones a lo largo de todos estos años de gestión, es decir, un promedio de 462 recomendaciones por año.
El nivel de aceptación de las recomendaciones era de un 73.61%, de manera gradual y sostenida se incrementó de tal suerte que en este último año que se da cuenta el nivel de aceptación alcanzó el 99.27%, lo que significa una cifra sin precedentes, pues de 545 recomendaciones realizadas se aceptaron 541”.

En lo que compete a los resultados del 2015, Gustavo Rodríguez Junquera dijo que se iniciaron 1,118 expedientes de queja, de las cuales el 30.58% son contra las direcciones de seguridad pública municipal, 18.59% contra la Procuraduría de Justicia , 14.16% contra la Secretaría d Seguridad Pública y 13.64% contra las autoridades federales.

En el mismo periodo, Rodriguez Junquera señaló que emitió 545 recomendaciones, con un 99.27% de aceptación.

Rodríguez Junquera termino insistió en que los principales hechos violatorios en las recomendaciones han sido las lesiones, la detención arbitraria, la violación al derecho de la seguridad jurídica, y la negativa o inadecuada prestación del servicio público, ofrecido por dependencia del sector salud.