CIUDAD DE MÉXICO.- En el proceso electoral de 2020-2021, “Integralia Consultores” contabilizó 239 incidentes de violencia política que dejaron 179 víctimas mortales, incluyendo 36 aspirantes o candidatos a cargos de elección popular. Tres de estos casos se registraron en Guanajuato. 

Integralia Consultores, en su más reciente estudio denominado “Crimen Organizado y el Proceso Electoral 2020 – 2021”, establece que el crimen organizado busca interferir en procesos electorales a través de violencia política, financiamiento de campañas, injerencia en procesos de selección de candidatos y actos de intimidación y coacción de votantes y operadores políticos.

Los márgenes de victoria en 64% de los municipios en donde se registraron asesinatos de aspirantes o candidatos a cargos de ayuntamientos fueron más altos que el promedio nacional. 

Además, sólo en diez de estos municipios ganó el partido de la víctima. 

Este fue el caso de Guanajuato, ya que el PAN ganó la alcaldía de Juventino Rosas, pese a que el 12 de enero del 2021 fue asesinado su candidato Juan Antonio Acosta Cano; mientras que Movimiento Ciudadano obtuvo el triunfo electoral pese al asesinato de su candidata Alma Barragán el pasado 25 de mayo. 

El tercer caso de asesinato a candidatos registrados en Guanajuato corresponde a Alejandro Galicia, quien fue asesinado cuando buscaba ser regidor del PRD en Apaseo el Alto.

En el panorama nacional Integralia Consultores establece que de los 28 municipios en donde se registraron asesinatos de aspirantes o candidatos a cargos de ayuntamientos, Morena obtuvo el triunfo en ocho; el PAN gobernará en siete; MC en cinco; el PRI en cuatro; el PVEM en tres, y Unidad Ciudadana en uno.

Morena obtuvo el triunfo en seis de los diez estados con las tasas de homicidio doloso más altas y en 22 de los 50 municipios con las tasas de incidencia delictiva más altas del país.

Independientemente de los datos de incidencia delictiva, el estudio arroja un dato interesante en torno a que en el proceso electoral 2020-2021 se registraron 30% menos asesinatos de políticos que en el proceso electoral 2017-2018. 

Probablemente, detalla el análisis,  esto se debió a la contingencia sanitaria por Covid-19, que modificó la forma de hacer campaña y redujo las oportunidades para llevar a cabo este tipo de atentados. 

¿Por qué y cómo interfiere el crimen organizado en procesos electorales en México? 

Integralia Consultores establece que el proceso de descentralización y democratización que inició en México en la década de 1980 abrió espacios de oportunidad para que grupos del crimen organizado buscaran hacerse del control de estructuras gubernamentales locales, sobre todo municipales.

Ese proceso se ha acelerado en los últimos años, como resultado de la atomización de las organizaciones criminales, con un número creciente de pequeños, medianos y grandes grupos delincuenciales que operan en el territorio nacional. El control de gobiernos municipales ofrece a estas agrupaciones: 

Acceso a información privilegiada: sobre las estrategias de seguridad pública que se implementarán en el municipio, en su contra, en contra de sus adversarios, o bien sobre grupos económicos que operan en la región, a partir de lo cual pueden implementar esquemas de extorsión y cobro de “uso de suelo”. 

Resguardo y protección de policías municipales: amplía su margen de maniobra para ejercer el dominio sobre los mercados ilícitos que operan en esos territorios, incluyendo huachicol, extorsión, trasiego de drogas, tráfico de personas y secuestro. 

Acceso a recursos públicos: a través de malversación directa de fondos o, por ejemplo, de la asignación directa de contratos para la construcción de obras de infraestructura. Esto también les permite lavar el dinero que obtienen de actividades ilícitas.

Los procesos electorales son periodos de incertidumbre para el crimen organizado, pues no hay garantías de que los nuevos representantes electos mantendrán o entrarán en esquemas de colusión y corrupción. Por ello, buscan injerir en los resultados electorales para garantizar el triunfo de figuras afines a sus intereses, a través de distintas estrategias: 

Violencia política: amenazas, secuestros, agresiones y asesinatos en contra de funcionarios y aspirantes a cargos de elección popular, para desincentivar o descartar su participación en procesos electorales. 

Financiamiento de campañas: uso de recursos de procedencia ilícita (resultado de actividades delictivas) para financiar campañas de figuras afines a sus intereses. 

Control de selección de candidatos: injerencia en el proceso de definición de candidatos en el interior de los partidos políticos, a fin de lograr la postulación de figuras que forman parte o están vinculadas a organizaciones criminales.

Intimidación y coacción de votantes y de operadores políticos: amenazas que desincentiven la participación ciudadana o fomenten el voto por un candidato mediante la movilización de votantes. Puede darse a través de mensajes en lonas en espacios públicos, rumores informales o llamadas telefónicas, como ocurrió con Los Caballeros Templarios durante el proceso electoral de 2011 en Michoacán. 

Violencia en casillas: actos violentos destinados a desincentivar la participación ciudadana o evitar la instalación de casillas, incluyendo bloqueos carreteros para dificultar acceso a casillas o el uso de artefactos incendiarios. 

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