MÉXICO, D.F.- La PGR reveló que polis municipales de San Fernando, Tamaulipas, participaron en la masacre de 72 migrantes el 20 de agosto de 2010, esto se desprendió de una nota informativa que entregó a la National Security Archive de EU por orden del IFAI.

Así salió a la luz que los agentes estaban al servicio de Los Zetas en Tamaulipas, y que participaron en la desaparición y asesinato de cientos de migrantes, entre ellos los 72 masacrados, pues eran pagados por vigilar e interceptar a personas cuando circulaban por las carreteras de la zona.

Esta es la primera vez que la autoridad federal reconoce que existió complicidad oficial en la masacre, luego de que el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (IFAI) ordenara divulgar la información que se había clasificado como reservada por más de 10 años.

La dependencia federal agregó que en 2010 y 2011, algunos agentes municipales fueron detenidos por sus vínculos tanto con la masacre de los 72 como por el hallazgo de 194 cuerpos en fosas clandestinas, en 2011.

La información entregada a la organización National Security Archive, ya está en la Universidad George Washington, de Estados Unidos, y había sido solicitada desde hace cuatro años que fuera desclasificada de documentos a través del IFAI.

“En base a (sic) las declaraciones de los siguientes inculpados (…) quienes refieren participación de los elementos de la policía municipal de San Fernando, desde cubrir labores de halconeo, intercepción de personas y omisión en su deber en la observancia de delitos cometidos por miembros de la organización criminal ‘Los Zetas’, citando además que recibían pago por parte de esta organización criminal”, señala la Nota Informativa que PGR entregó el 10 de diciembre a Archivos de Seguridad Nacional (National Security Archive).

CONTRA LOS DERECHOS HUMANOS

Organizaciones defensoras de derechos humanos y de los derechos de los migrantes han buscado y solicitado información oficial tanto de las masacres ocurridas en San Fernando como de otros abusos cometidos en su contra, por lo que iniciaron una campaña por el derecho a la verdad a través de la que exigen que se divulguen datos completos sobre estos hechos.

Las autoridades federales se han negado a reconocer que el crimen en San Fernando implica violaciones a derechos humanos, pues afirman que los asesinatos de migrantes son actos criminales perpetrados por cárteles de la droga.

Sin embargo, el IFAI decidió que estas masacres sí constituyen violaciones a derechos humanos, según lo establecido en tratados internacionales ratificados por México y fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La mayoría de las víctimas eran migrantes de Centro y Sudamérica.