MÉXICO, D.F.- La polémica e inconformidad generada por la Ley General de  Aguas, que se cree privatiza la distribución y suministro del vital líquido a los domicilios, la Cámara de Diputados frenó por tiempo indefinido la discusión de la norma para abrir un espacio de consulta.

El texto sería sometido a consideración del pleno de diputados este martes 10 de marzo.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), el priista Manlio Fabio Beltrones, señaló en conferencia de prensa que todos sus compañeros coincidieron en la necesidad de abrir este espacio en torno a los alcances de la mencionada ley.

Aclaró que en el texto del proyecto no existe un sólo elemento que permita vislumbrar una eventual privatización del vital líquido

Y es que legisladores de oposición han denunciado que la ley beneficiará a grandes consorcios y empresas trasnacionales de la talla de Coca Cola o Nestlé, entre otras empresas embotelladoras de agua para su consumo en diversas presentaciones.

Manlio Fabio Beltrones, al centro.

REPUDIO GENERAL

Más de cinco mil personas y cerca de mil científicos reprobaron este día la ley y convocaron a la sociedad a defender su derecho a contar con el líquido de forma gratuita.

En conferencia de prensa, la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua afirmaron que la iniciativa viola diversos derechos humanos, es privatizadora, y va en contra de normas internacionales para garantizar la accesibilidad del líquido para la gente que no puede pagarla.

“Ya se privatizó el subsuelo, ahora van por los ríos. Esto es el mensaje: es una ley privatizadora, es una ley mercantilizadora, nada tiene que ver con el derecho humano al agua y llamamos a una movilización social fuerte para que no pase una ley que va en beneficio de los que ya conocemos, de los pocos sobre las mayorías”, afirmó Silvia Manueli, de COMDA.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha argumentado que el agua en México es un derecho humano, sin embargo en la nueva Ley se impone un nivel de 50 litros por persona para establecer su gratuidad, lo cual es menor al estándar internacional de 100 litros por persona.

Otro ejemplo, se prevé en el artículo 76 de la nueva ley la posibilidad de suspender el servicio de agua por falta de pago.