LEÓN, GTO.- El Colectivo por la Libertad de Expresión en Guanajuato solicitó la renuncia del secretario de Seguridad Pública de León, Mario Bravo Arrona, “por tolerar violencia sexual, represión a movimientos sociales y ataques a periodistas”.
Esto luego de la detención de 23 mujeres durante la marcha del sábado pasado en el centro de la ciudad, donde fueron agredidas cuatro periodistas que cubrían los hechos.
La marcha fue generada por un caso de abuso sexual por parte de Policías, ocurrido hace una semana en la caseta policíaca del Centro Expiatorio.
El colectivo también pide que se sancione a los funcionarios responsables de las agresiones, se repare el daño y se implementen medidas de no repetición.
Además de solicitar a la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato realice una pronta y expedita investigación sobre ambos ataques.
Exigen que el Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas emita un enérgico rechazo público a estos actos represivos.
Señalaron que es una burla que el municipio de León firme Convenios para la protección de periodistas con el Gobierno estatal y ataque de esta manera a periodistas.
Manifestaron su preocupación por la participación de Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) en el operativo, lo que implica un doble discurso de instancias dependientes del Gobierno del Estado, que elabora un Atlas de Riesgo y un Programa de Protección al mismo tiempo que agrede periodistas.
En otras palabras, argumentan que la Policía de León cometió un doble ataque contra mujeres defensoras de derechos humanos: contra feministas y contra periodistas.
La organización internacional Article 19 documentó 18 agresiones a periodistas en la entidad cometidas durante 2019 y en la última década se han acumulado 99 ataques a la libertad de expresión en Guanajuato.
CONTEXTO
El viernes 14 de agosto una mujer fue agredida sexualmente por un grupo de policías del municipio de León, Guanajuato; al día siguiente la víctima realizó la denuncia que se hizo pública, detonando la convocatoria para realizar una manifestación como protesta de estos actos.
Con la consigna #justiciaparaevelyn, el día 22 de agosto un grupo de feministas realizaron una manifestación en la que, según datos oficiales, se detuvo a 23 personas que fueron trasladados al Juzgado Cívico norte, en esta ciudad.
Alrededor de las 8.30 de la noche policías municipales agredieron al menos a 4 periodistas durante la cobertura informativa que realizaban: a Alfonsina Ávila del portal “Zona Franca” le propinaron golpes en el abdomen y en el vientre, además de amenazarla verbalmente; a Melissa Esquivias del portal “Ágora” la esposaron y amenazaron; en tanto a Martha Silva y a Brenda Orozco del portal “PopLab, Periodismo y Opinión Pública” las amenazaron y jalonearon.
Las 4 periodistas son, además, integrantes de este Colectivo y han participado activamente en la protección de otras personas periodistas, por lo que, además, se trata de una agresión a defensoras de derechos humanos. Cabe señalar que Alfonsina Ávila se identificó en todo momento: “Soy de medios de comunicación, soy de medios de comunicación” repetía y las agresiones continuaron, lo que implica que los funcionarios pudieron haber incurrido en el delito contra la libertad de expresión, establecido en el artículo 240-b del Código Penal del Estado, además de las lesiones y las amenazas.
