GUANAJUATO, GTO.- El diputado de Morena, Ernesto Prieto Gallardo, propuso un exhorto al alcalde panista de San Miguel de Allende, Luis Alberto Villarreal, para que atienda el problema de agua de los habitantes del Ejido de Nuevo Pantoja, quienes se quejan de falta de suministro y tarifas caras.
“Su petición es sencilla, que el suministro del agua no sea privilegio de hoteles, restaurantes y grandes empresas, sino un derecho para la población en general. Además de una tarifa justa, cuestión que no ha sido así por lo que exigen que la Mesa Directiva del sobre macro medidor sea cambiada ya que llevan más 12 años como directivos”, señaló Prieto Gallardo en la sesión del pleno del Congreso este jueves.
Asimismo, recordó que el acceso al agua era un derecho consagrado en las leyes y no debía ser privilegio de algunos la obtención de algo tan vital, pero no sólo el suministro sino un pago justo por el servicio.
“El Municipio de San Miguel, a través de SAPASMA, es responsable de la justa disposición del agua, cuestión que no se realiza en el municipio antes mencionado, donde se les da un trato privilegiado a los comercios y empresas que dejan una derrama económica importante para las finanzas del Ayuntamiento y se deja de lado los derechos inalienables de la población menos favorecida”, argumentó Prieto Gallardo.
Sumado a lo anterior, dijo, estaban las tarifas excesivamente altas sin aviso o justificación algunos. “Con recibos en mano se ve como los pobladores de Nuevo Pantoja de pagar alrededor de 250 pesos, ahora pagan más del doble sin que se mida el consumo, prueba de ello es el último recibo del medidor común que asciende a los 182 mil 226 pesos, cantidad exorbitante que el Sistema de Agua Potable del municipio no ha justificado”, indicó.
Finalmente, señaló que era imprescindible que el presidente del Consejo de SAPASMA, Jorge Zavala Ramírez, y el alcalde Luis Alberto Villareal atendieran de manera pronta y eficiente las demandas del Ejido de Nuevo Pantoja.
El proponente pidió el trámite de obvia resolución, el cual no fue aprobado, y la propuesta de punto de acuerdo se turnó a la Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen.
