GUANAJUATO, GTO.- El fiscal de Guanajuato, Gerardo Vázquez Alatriste, informó al Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que familiares del reportero asesinado la madrugada de ayer en Silao, Kristian Uriel Martínez Zavala, manifiestan que éste no tenía amenazas de muerte ni como periodista, ni como DJ, en los municipios de Romita y Silao.
Pese a ello, el secretario técnico del Consejo, Adrián Nájera Ramírez, recordó que en el año 2021 se emitieron medidas de protección para Kristian Uriel por una agresión física y verbal que tuvo en el proceso electoral por parte de simpatizantes de un partido político (morena).
Dijo que las medidas fueron emitidas por el periodo del proceso electoral y posteriormente ya no manifestó amenazas o agresiones.
El fiscal dejó en claro que existen varias líneas de investigación, incluida la de la labor periodística. Sin embargo, hasta el momento no hay una definición.
Vázquez Alatriste ofreció dar un informe sobre los avances que existen en los casos de periodistas asesinados, donde detallará si hay relación o no con su labor informativa.
Por unanimidad se acordó que el informe será rendido en una sesión extraordinaria que se realizará el miércoles cinco de marzo.
El Consejo Estatal exhortó al fiscal a realizar una investigación pronta y expedita para que él o los responsables del homicidio de Kristian Uriel sean llevados ante un juez y se aplique todo el peso de la ley.
En la sesión participaron el presidente del Consejo y secretario de Gobierno, Jorge Daniel Jiménez Lona; y los consejeros Gerardo Vázquez Alatriste, Fiscal General del Estado; Juan Mauro González Martínez, secretario de Seguridad y Paz; Arcelia María González González, secretaria de la Honestidad; Alfonso Ruiz Chico, consejero del Poder Judicial; Karla Gabriela Alcaraz Olvera, titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato. También estuvieron presentes los consejeros periodistas Sofía Negrete, Carlos García y José Meza, así como las consejeras defensoras de los derechos humanos, Laura Martínez y Cristina Rodríguez.
