GUANAJUATO, GTO.- Diputados locales del PAN respaldaron hoy la propuesta de los tres legisladores del PRI para que solo el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo pueda iniciar proceso de remoción del futuro Fiscal General del Estado, quien será el actual procurador Carlos Zamarripa Aguirre, ya ratificado por el propio titular del Poder Ejecutivo. 

Y es que este día se llevó a cabo una mesa de trabajo convocada por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con el objetivo de revisar las iniciativas presentadas derivadas de reformas constitucionales, relativas a la Fiscalía General, específicamente la suscrita por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

La diputada Vanessa Sánchez Cordero, iniciante, manifestó que la iniciativa toca la Constitución para plantear tres temas. 

Primero la remoción de la persona titular de la Fiscalía General para darle atribuciones al Congreso, con el voto de una tercera parte de sus integrantes; así como solicitar al titular del Ejecutivo estatal su remoción para que el Poder Legislativo sea un contrapeso e influir en la remoción.

La congresista apuntó que con la propuesta se garantiza que quien tenga la titularidad de la Fiscalía General actúe con total autonomía y pueda perseguir cualquier delito, inclusive los que pudiera cometer el gobernador del estado. El segundo aspecto que, dijo, aborda la iniciativa, es la disminución de la duración de quien ocupe la titularidad de la Fiscalía para que de manera inicial sea de 4 años con posibilidad de ser ratificado por otro periodo igual.

“Con ellos su actuación estaría sujeta a una revisión y no se le están dando 9 años garantizados”, indicó Sánchez Cordero. 

Asimismo, precisó que el tercer tema era la eliminación del pase automático, porque como estaba actualmente no se garantiza la autonomía de la persona que quede como fiscal general.

El diputado Rolando Fortino Alcántar Rojas indicó que sería importante hacer una adecuación en el tema de la remoción, porque era la oportunidad de hacer una institución fuerte y dotada de autonomía. 

En ese sentido, se pronunció porque no dependiera únicamente de uno de los Poderes su separación del cargo, sino que fuera un proceso, por lo que planteó que la destitución fuera iniciada por el gobernador del estado y fuera el Congreso quien la aprobara por el voto de las dos terceras partes, previa solicitud del titular del Ejecutivo estatal.

Al respecto, la legisladora Laura Cristina Márquez Alcalá hizo referencia a la similitud de la propuesta de su antecesor con una de las iniciativas presentadas por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional -PRI-.

Por su parte, el asesor del citado grupo parlamentario reafirmó la postura del PRI, en el sentido de que el periodo del cargo fuera por 7 años y, afirmó que la propuesta para remover del cargo era un procedimiento que fortalecía las áreas institucionales y los Poderes.

En su intervención, la congresista Libia Dennise García Muñoz Ledo manifestó que dicho proceso fortalecía el equilibro de poderes y que coincidían en la propuesta del PRI. “Con este mecanismo que permita el equilibrio, se iniciaría con una solicitud del Ejecutivo y quien determina sería el Legislativo, generado un equilibrio donde la decisión no sólo está de un lado”, indicó.

En una segunda intervención, la diputada Vanessa Sánchez Cordero pidió que se contemplara la posibilidad de que fuera el Congreso o una minoría de éste quien solicite la remoción, ya que en lo que planteaba el PRI únicamente el Ejecutivo puede hacer la solicitud. 

A su propuesta se sumaron los representantes del grupo parlamentario de Morena.

El legislador J. Guadalupe Vera Hernández consideró que la propuesta que formuló el PRI era adecuada porque el iniciante sería el gobernador y el Legislativo tendría la facultad de decir sí o no, y con el voto de las dos terceras partes también entraba la decisión de las otras fuerzas política, garantizando así la independencia de la fiscalía.

Sobre ese punto, la diputada Libia Dennise García Muñoz Ledo enfatizó que al interior de su grupo parlamentario había realizado un análisis a profundidad de cuál mecanismo era mejor, e incluso si podrían proponer otro, pero se decantaron por la opción del PRI  al considerar que era la verdadera forma de generar contrapeso entre Poderes. “Si el Legislativo solicita y también delibera se iría en detrimento de los mecanismos que ya hay en otros casos, donde el proceso inicia en el seno de la institución”, afirmó.

Sánchez Cordero insistió en que el Poder Legislativo también pudiera hacer una solicitud de remoción, mientras que el diputado Alcántar Rojas afirmó que no debía sujetarse la fiscalía  a tantos vaivenes y la diputada García Muñoz Ledo indicó que el proceso de designación del fiscal era diferente porque se reconocía al Congreso como un órgano político y se tenía que prever que, en caso de una omisión en donde no hubiera consensos, el gobernador del estado pueda presentar una terna para no dejar acéfala la Fiscalía General.

Nuevamente intervino la legisladora Vanessa Sánchez Cordero para decir que con su propuesta estaba garantizado el derecho de las minorías y que de cualquier forma el gobernador tenía que analizar si procedía o no la solicitud. Se sumó a su homóloga el diputado Raúl Humberto Márquez Albo, quien dijo que era u