IRAPUATO, GTO.- En menos de 10 días un par de alcaldes panistas de Guanajuato han rechazado recomendaciones emitidas por la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG).

El primero en rechazar una recomendación fue el alcalde de San Miguel de Allende con licencia, Luis Alberto Villarreal García, al comprobarse que violó derechos de expresión y de prensa en agravio de las periodistas María Antonieta Herrera Rubio y Ana Luz Solís Frías.

“Rechazo la recomendación de la @PRODHEG. Lamento que en un país democrático se privilegie a quienes abiertamente se escudan en medios para mentir y calumniar, e incluso extorsionar”; escribió Villarreal en su cuenta de Twitter el pasado 23 de agosto.

A los rechazos de resoluciones emitidas por la PRODHEG se ha sumado el alcalde de Irapuato, Ricardo Ortíz.

El alcalde irapuatense niega responsabilidad de un elemento de Policía en el  homicidio doloso de un adolescente de 12 años.

Acto en el que también se cometieron detenciones arbitrarias a sus familiares y lesiones por arma de fuego a otro menor de 17 años.

SOLICITARÁN COMPARESENCIAS DE ALCALDES ANTE EL CONGRESO 

El procurador de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, Vicente Esqueda, advirtió que enviará un escrito al Congreso del Estado de Guanajuato para que comparezcan los alcaldes de Irapuato y San Miguel de Allende (interino), con el objetivo de que  expliquen por qué han rechazado las recomendaciones de PRODHEG.

“No la ha aceptado el alcalde de Irapuato, no se ha pronunciado, el siguiente paso estaré enviando un escrito al estado para que se requiera no solo al alcalde sino también el asunto de San Miguel donde tampoco ha contestado y estaremos solicitando al Congreso que requiera a estas autoridades y expliquen su negativa a disculparse a la ciudadanía”, dijo Vicente Esqueda.

En este caso quienes tendrían que comparecer son el alcalde de Irapuato, Ricardo Ortiz, y el alcalde interino de San Miguel de Allende, Jesús Gonzalo González Rodríguez.

CONTEXTO IRAPUATO 

Fue el 31 de mayo de este año cuando Christian Giovanni, de 12 años, murió al ser baleado por un elemento de la Policía Municipal, quien participaba en un operativo para recuperar un tinaco robado.

Según trascendió, el objeto que provocó la movilización policiaca pertenecía a una agente de dicha corporación. Los familiares de la víctima lo compraron a un tercero, quien lo habría robado a la uniformada.

Los policías llegaron al domicilio de la familia de Christian, entraron y el menor intentó defender a sus padres, quienes eran detenidos sin orden alguna. Le dieron al menos dos disparos que lo privaron de la vida.

En su momento, vecinos que atestiguaron los hechos afirmaron que, al intentar retirarse, los agentes de Seguridad Pública Municipal, comenzaron a disparar aleatoriamente, lesionando a otro menor de 17 años.

CONTEXTO SAN MIGUEL DE ALLENDE 

El 26 de Julio del 2019 las periodistas María Antonieta Rubio (El Sol del Bajío) y Ana luz Solís Frías (News San Miguel), cubrieron una protesta de policías tras el asesinato de dos de sus compañeros.

En la manifestación, el propio alcalde Luis Alberto Villarreal hostigó a las periodistas. 

Incluso le arrebató el celular a la María Antonieta Rubio, quien al igual que na luz Solís Frías, realizaba una transmisión en vivo. 

También se comprobó que las periodistas fueron acosadas por elementos de la Policía para impedir su trabajo.

A raíz de estos hechos ambas reporteras fueron víctimas de bloqueos informativos, económicos y hasta despido laboral.

Estos hechos generaron una investigación por parte de la Procuraduría de los Derechos Humanos, que derivaron en las siguientes recomendaciones:

Primero, que “se instruya a quien legalmente corresponda el inicio de procedimiento administrativo a las personas servidoras públicas Nancy Yadira Grimaldi Ugalde, Raquel Olivares Hernández y Jesús Eduardo Rodríguez Gallegos, adscritas a la Policía Municipal, por la violación al derecho a la libertad de expresión en que incurrieron, en agravio de María Antonieta Rubio y Ana luz Solís Frías, debiendo considerar como parte de la investigación el material probatorio que existe en este expediente que se se revuelve en los términos de las consideraciones de esta resolución. 

Notificando a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato la resolución que recaiga a cada uno de los procedimientos”. 

También se establece que  deberá instruirse “a quien legalmente corresponda el inicio de procedimiento administrativo en el que se determine la responsabilidad de Luis Alberto Villarreal García por la violación al derecho de  expresión en que incurrió, en agravio de María Antonieta Herrera Rubio y Ana Luz Solís Frías, debiendo considerar como parte de la investigación el material probatorio que existe en este expediente que se resuelve. 

La resolución también detalla que “el licenciado Jesús Gonzalo Rodríguez en su carácter de presidente municipal interino de San Miguel de Allende, Guanajuato, deberá ofrecer una disculpa pública a María Antonieta Herrera Rubio y a Ana Luz Solís Frías, por los actos cometidos en su agravio por el entonces presidente municipal en funciones Luis Alberto Villarreal García”, lo cual no ha ocurrido hasta ahora.

Finalmente, la Procuraduría de los Derechos Humanos que las autoridades de San Miguel de Allende deberán de implementar medidas para evitar la repetición de hechos violatorios de derechos humanos, como los que fueron descritos en las recomendaciones. 

Dicha resolución fue firmada por el titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, Vicente de Jesús Esqueda Méndez.