LEÓN, GTO.- El procurador de los Derechos Humanos de Guanajuato, Vicente Esqueda, dijo que las declaraciones del alcalde de San Miguel de Allende con licencia, Luis Alberto Villarreal, no le quitan peso a la investigación que concluye que éste violó los derechos a la libertad de expresión de dos periodistas de ese municipio.

Esto luego de que Villarreal manifestara en sus redes sociales su rechazo a las recomendaciones emitidas por la Procuraduría de los Derechos Humanos en este caso, y que incluyen el inicio de un procedimiento administrativo en su contra.

“Respeto, por supuesto, todas las opiniones, pero en este caso en concreto la resolución de recomendación emitida por la Procuraduría, se dirigió al alcalde interino, que es la autoridad representante legal, formal del municipio, y en este caso la opinión, pues se respeta, pero la respuesta formal, oficial, es la que la Procuraduría está esperando que emita el alcalde interino, que es en este momento el alcalde interino”. 

Así lo dijo Vicente Esqueda durante una entrevista en la que dejó en claro que en estos momentos Luis Alberto Villarreal no representa ninguna autoridad, puesto que se encuentra de licencia. 

En todo caso, dijo, se espera una respuesta de aceptación o no de las recomendaciones por parte del alcalde interino, que en este caso es Jesús Gonzalo González Rodríguez. 

Vicente Esqueda señaló que el plazo vence el próximo viernes 27 de agosto. 

CONTEXTO 

El 26 de Julio del 2019 las periodistas María Antonieta Rubio (El Sol del Bajío) y Ana luz Solís Frías (News San Miguel), cubrieron una protesta de policías tras el asesinato de dos de sus compañeros.

En la manifestación, el propio alcalde Luis Alberto Villarreal hostigó a las periodistas. 

Incluso le arrebató el celular a la María Antonieta Rubio, quien al igual que Ana luz Solís Frías, realizaba una transmisión en vivo. 

También se comprobó que las periodistas fueron acosadas por elementos de la Policía para impedir su trabajo.

A raíz de estos hechos ambas reporteras fueron víctimas de bloqueos informativos, económicos y hasta despido laboral.

RECOMENDACIONES 

Primero, que “se instruya a quien legalmente corresponda el inicio de procedimiento administrativo a las personas servidoras públicas Nancy Yadira Grimaldi Ugalde, Raquel Olivares Hernández y Jesús Eduardo Rodríguez Gallegos, adscritas a la Policía Municipal, por la violación al derecho a la libertad de expresión en que incurrieron, en agravio de María Antonieta Rubio y Ana luz Solís Frías, debiendo considerar como parte de la investigación el material probatorio que existe en este expediente que se se revuelve en los términos de las consideraciones de esta resolución. 

Notificando a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato la resolución que recaiga a cada uno de los procedimientos”. 

También se establece que  deberá instruirse “a quien legalmente corresponda el inicio de procedimiento administrativo en el que se determine la responsabilidad de Luis Alberto Villarreal García por la violación al derecho de  expresión en que incurrió, en agravio de María Antonieta Herrera Rubio y Ana Luz Solís Frías, debiendo considerar como parte de la investigación el material probatorio que existe en este expediente que se resuelve. 

La resolución también detalla que “el licenciado Jesús Gonzalo Rodríguez en su carácter de presidente municipal interino de San Miguel de Allende, Guanajuato, deberá ofrecer una disculpa pública a María Antonieta Herrera Rubio y a Ana Luz Solís Frías, por los actos cometidos en su agravio por el entonces presidente municipal en funciones Luis Alberto Villarreal García”, lo cual no ha ocurrido hasta ahora.

Finalmente, la Procuraduría de los Derechos Humanos que las autoridades de San Miguel de Allende deberán de implementar medidas para evitar la repetición de hechos violatorios de derechos humanos, como los que fueron descritos en las recomendaciones.