GUANAJUATO, GTO.- La dirigente del Grupo Unido de Madres Solteras, Norma Nolasco, fue vinculada a proceso penal por el delito de fraude en agravio de 19 personas, principalmente mujeres.

Justo con ella fue vinculada a proceso Ma. de la Luz Cortez Osuna, así que ambas enfrentarán el proceso en libertad porque el delito no es considerado grave.

Los afectados aseguran  que en el 2018 otorgaron a Norma Nolasco 10 mil 500 pesos por cabeza, para ser beneficiados con un programa de vivienda que les dijo estaba siendo fondeado por instancias internacionales.

Finalmente las viviendas nunca les fueron entregadas y tampoco su dinero. El monto de lo defraudado a las personas que presentaron su denuncia asciende a 197 mil pesos.

En cuanto al modus operandi, se establece en la carpeta de investigación que Nolasco utilizó sus redes de apoyo a la mujer para contactar por WatsApp a mujeres de todo el estado, vulnerables y con necesidad de vivienda propia.

Luego comenzó a reunir a mujeres en 2018, a quienes les dijo que tenían que ingresar al programa de vivienda aportando 10 mil pesos. A cambio de ello obtendrían una casa valuada en 1.2 millones de pesos.

Para generar confianza, Nolasco acudía a las reuniones con sus víctimas cuidada por escoltas de la Policía Estatal y recibía el dinero en la zona de comedores del Congreso del Estado de Guanajuato.

Los pagos se hicieron también a las cuentas de Asociaciones Civiles identificadas como “Por el Derecho a las Familias Mexicanas” y “Juntos por Hidalgo”.

Con el paso de tiempo resultó que la primera asociación desapareció con el dinero que los afectados habían depositado y la segunda, dirigida desde Baja California por Luz María Cortés Osuna, terminó deslindándose del tema, asegurando que Nolasco era la que tenía el dinero de los afectados.

Ante esta situación, Nolasco dijo a los afectados que les regresaría el dinero mediante un programa de vivienda de la Secretaría de Economía.

Pretendía hacerlo inscribiendo a las afectadas a un programa que esa dependencia federal.

Sin embargo, las Secretarías de Economía, Federal y Estatal, desconocieron cualquier tipo de convenio con las organizaciones civiles “Por el Derecho a las Familias Mexicanas” y “Juntos por Hidalgo”.