GUANAJUATO, GTO.- Es un hecho, en Guanajuato no habrá más inmunidad pa los funcionarios públicos que se pasen de lanza con el pueblo, en especial con su dinero.

Esto gracias a que por unanimidad los 36 diputados locales aprobaron las reformas a la Constitución Política local con las que se elimina esa figura.

En palabras de los diputados con las modificaciones aprobadas se establece que en los procesos judiciales de orden civil y penal, no hay inmunidad para ningún servidor público, es decir nadie podrá escudarse en su cargo y deberá responder a la justicia.

Además, el Congreso del Estado mantendrá la atribución de determinar si un servidor público deberá separarse o no de su cargo.

Cuando se trate de delitos de carácter federal como delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud, cometidos por el Gobernador del Estado, Diputados Locales, Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia y miembros del Consejo del Poder Judicial, que ameriten prisión preventiva oficiosa, una vez recibida la copia certificada del auto de vinculación a proceso, el Congreso procederá a emitir la separación del cargo.

Los mencionados funcionarios, así como los titulares de las dependencias que señala la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, los miembros de los Ayuntamientos y los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, podrán ser sometidos a proceso judicial durante el tiempo de su encargo y sólo podrán ser separados del mismo cuando se trate de los delitos citados en el párrafo anterior o sus equivalentes en la ley penal.

Si el proceso concluye con sentencia condenatoria firme que amerite pena privativa de la libertad, el servidor público será separado del cargo, mediante la declaratoria que realice el Congreso del Estado.

En caso de que la resolución tenga efectos absolutorios, el funcionario podrá ser restituido en su cargo; para ello será necesaria la declaratoria que emita el Congreso del Estado, previa solicitud del interesado.

También se subraya que la separación del cargo que declare la Legislatura, respecto de los servidores públicos que vayan a ser sujetos a proceso penal, no prejuzga si cometió o no el delito que se le imputa.

La reforma también contempla que el Poder Ejecutivo no podrá vetar las determinaciones en las que el Congreso declare la separación del cargo de algún servidor público que haya sido vinculado a proceso por delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa ni las resoluciones en las que restituya en su cargo a algún servidor público que haya sido absuelto.

Finalmente se enfatiza que las declaraciones y resoluciones del Congreso del Estado son inatacables y ningún legislador podrá ser reconvenido ni juzgado por las opiniones que emita en el desempeño de su cargo.

POR CIERTO…

En sesión secreta el Congreso del Estado determinó quitarle el fuero al regidor del PRD en Guanajuato, Julio César García Sánchez.

El funcionario fue acusado de golpear a una mujer con quien sostenía una relación y la cual terminó denunciándolo por el delito de lesiones.

Ante esto el Poder Judicial se declaró incompetente para jugar a García Sánchez por el fuero constitucional de el que goza al ser funcionario público.

Es por ello que el 28 de julio pasado la Procuraduría General de Justicia del Estado solicitó un juicio de desafuero ante el Congreso local, el cual inició formalmente al día siguiente por los diputados integrantes de la Comisión de Responsabilidades.

Hoy después de poco más de cinco meses de iniciado el proceso, a Julio César García Sánchez le fue retirada la inmunidad para así ser procesado penalmente por el delito lesiones.

Julio César García Sánchez, ex regidor del PRD en el Ayuntamiento de Guanajuato.