Por: Evlyn Cervantes

LEÓN, GTO.- Víctor Manuel Natera Hernández, de 56 años, está en el comedor de su casa con tres carpetas robustas de documentos frente a él. Es el expediente que integró para exigir la reparación de daño que le garantiza la Ley General de Víctimas y que, 19 años después del trágico accidente automovilístico que tuvo junto a su familia, no ha derivado en un acceso efectivo a la justicia.

El 26 de diciembre de 2002, Víctor salió de León rumbo a la Ciudad de México acompañado de su esposa Julia Teresa Garnica Córdova y de sus tres hijos: Marcelo entonces de 1 año, Julia Victoria quien tenía 3 años y Maximiliano que tenía 9 años.

El viaje familiar lo emprendieron a bordo de un auto Pointer 2001 que circulaba por autopistas administradas por Caminos y Puentes Federales (Capufe) pero tras cruzar la caseta de San Juan del Río, Querétaro, a la altura del kilómetro 93+500, fueron impactados por otro vehículo que era conducido por Adriana Pérez Rojas, una joven originaria de Irapuato y quien, presuntamente, se quedó dormida en la carretera.

“Yo cubrí a mis hijos-quiero pensar que fue cuando me lastimé las cervicales-a ellos no les pasó nada. Ya cuando nos sacaron, vi a lo lejos a la persona que nos chocó, yo la volteé a ver y fue tan fuerte mi mirada que mejor se volteó.

La adrenalina que generas en el momento es inimaginable porque no te duele absolutamente nada. Mis hijos estaban sumamente asustados cuando los sacaron del auto y a mi esposo no lo podían sacar, yo lo saqué. Con su misma navaja corté el cinturón de seguridad y cayó de golpe y porrazo, pero sus pies seguían atorados en el volante. Unos traileros lo sacaron”, recuerda Julia en entrevista con Contrapunto News.

Tras el accidente, Víctor y su familia fueron traslados a un pequeño hospital de San Juan del Río, pero, tras ser valorados él y su esposa por médicos que confirmaron que requerían atención especializada, regresaron a León para ser ingresados al Hospital Aranda de la Parra.

Ya en León, los médicos diagnosticaron que él tenía una fractura doble de lumbar y ella una fractura cervical. Ambos fueron operados en el Hospital particular que cotizó los gastos médicos en poco más de un millón de pesos.

En el accidente automovilístico estaban implicadas tres aseguradoras. El vehículo de Víctor tenía cobertura de Comercial América, el vehículo que los impactó tenía cobertura por Seguros Zurich y la autopista a cargo de Capufe estaba cubierta por la aseguradora GNP.

“De los tres seguros, no se hizo ninguno. Mi aseguradora topa póliza, me dice que entren las otras dos aseguradoras, pero empiezan a pelearse por definir ¿quién paga primero y quién paga después?, voy a la Condusef a reclamar los seguros, pero no se resuelve nada”, explica Víctor.

Aquel accidente automovilístico de 2002 trastocó la dinámica familiar de Víctor y Julia porque ambos quedaron impedidos para continuar trabajando de manera inmediata, pero, además, con una cuenta de más de un millón de pesos que tenían que cubrir por gastos médicos.

En la premura por apurar a las aseguradoras para que cumplieran con su cobertura y minimizar el impacto económico, Víctor emprendió una lucha jurídica que se ha prolongado 19 años.

Primero, en 2003, la familia obtuvo a su favor la causa penal 1772003 en Jilotepec, Estado de México, que ordenó la reparación del daño del vehículo, el cual fue declarado pérdida total a consecuencia del impacto.

Posteriormente, interpusieron un juicio contra Capufe por incumplimiento de pago y promueven una queja la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

La CNDH los dirige a Províctima donde se les reconoce como personas que tienen derecho a un registro de víctimas en el Registro Estatal de Víctimas del Estado de México.

“Províctima me dice que de acuerdo a la causa penal, tenemos derecho a un registro de víctimas y a una reparación del daño. Nos dieron el registro en 2018”, expone Víctor.

En 2019, Víctor y Julia accedieron a una reparación integral del daño y cada uno recibió un monto de 126 mil 500 pesos del Fondo Estatal de Víctimas.

Pero, aunque la reparación integral del daño les incluía la rehabilitación de las secuelas físicas y psicológicas, esta terapia fue interrumpida debido a que sus citas fueron programadas en el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) de la Ciudad de México y, debido a la discapacidad motriz que enfrentan a consecuencia del accidente, su capacidad para trasladarse quedó limitada.

“La Comisionada Isabel Sánchez Holguín le pide a Luis Ernesto Ayala Torres, siendo Secretario de Gobierno, que nos brinde la atención aquí en Guanajuato, que nos brinde los apoyos como víctimas. Y él le contesta que sí. El licenciado Luis Ernesto Ayala Torres ofreció darme todos los apoyos y los cuales no llegan”, señala Víctor.

Víctor reclama que tanto Luis Ernesto Ayala, como su sustituta la Secretaria de Gobierno de Guanajuato, Libia García Muñoz Ledo, fueron omisos en dar seguimiento a la vinculación que promovió la Comisión Estatal de Víctimas del Estado de México para que él y su esposa puedan acceder a una reparación integral de daño.

“A la ahora Secretaria de Gobierno le he llamado pidiéndole una audiencia para solicitar los apoyos que ofreció Luis Ernesto Ayala y la respuesta tanto de Alfonso Ruiz Chico como de Arturo Morado ha sido que mi expediente ya está canalizado a la Comisión Ejecutiva de Víctimas en Guanajuato, pero no llegan los apoyos”, denuncia.

Mientras Víctor continúa dando una batalla legal para lograr una reparación del daño sorteando la impotencia que le da no poder trabajar como antes lo hacía, su esposa Julia trata de sobrellevar la depresión y todas las secuelas emocionales que enfrentan ella y su familia, tras el accidente.

“Le pido a ella (Libia García) que se ponga en nuestro lugar y que ofrezca lo mejor que puede hacer por nosotros, que ya no nos haga batallar porque más allá de las secuelas físicas, está lo emocional que es un desgaste físico en toda la familia”, añade Julia.

En espera de que pronto llegue una reparación del daño, Julia es el pilar económico de la familia atendiendo en su casa a sus clientas que la buscan para un servicio de belleza. En tanto, Víctor continúa impulsando la batalla legal desde el teléfono, fumando hasta una caja de cigarrillos todos los días.