GUANAJUATO, GTO.- Para proteger a menores de edad de padres feminicidas o incumplidos con sus obligaciones como padres, fueron presentadas este jueves dos iniciativas de ley por diputadas de la oposición en el Congreso de Guanajuato.

La primera iniciativa fue presentada por la llamada bancada feminista, integrada por las diputadas Dessire Angel Rocha, (Movimiento Ciudadano) Yulma Rocha Aguilar (PRI) Martha Lourdes Ortega Roque (PVEM).

Dicha iniciativa consiste en suspender de manera cautelar la patria potestad de los padres sospechosos del feminicidio de las madres y retirarla luego de una sentencia condenatoria definitiva.

La diputada Angel Rocha comentó que en al menos otros 10 estados del país se han presentado ya iniciativas para armonizar sus normativas civiles locales en este sentido, tales como Baja California, Chihuahua, Sinaloa, Ciudad de México, Hidalgo, Michoacán, Estado de México, Morelos, Oaxaca y Chiapas.

“Con 434 mujeres asesinadas en 2022, en Guanajuato, -aunque solo 21 de esos casos se hayan consignado como feminicidio- y 69 en lo que va del 2023 con solo 1 presunto feminicidio reportado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, hay justificación para prevenir que niñas, niños y adolescentes sean sometidos a un régimen de convivencia de riesgo con presuntos feminicidas”, enfatizó la congresista.

Por su parte, la diputada de morena Hades Berenice Aguilar Castillo presentó una iniciativa de ley para forzar a los deudores alimentarios a que cumplan con sus obligaciones e incorporar los principios vida digna y decorosa como criterios al momento de fijar el monto de la pensión alimenticia.

“Sin duda, el incumplimiento de la obligación alimentaria constituye una violación a los derechos de las infancias, pero también es violencia económica en contra de las mujeres, toda vez que es un ejercicio que se reproduce preponderantemente en el hogar con el que se pretende demostrar la supremacía hegemónica masculina, así como la dominación y la manipulación sobre los recursos, provocando graves afectaciones en la vida de las mujeres y sus hijas e hijos”, dijo.

Por lo anterior, la congresista mencionó que la propuesta pretende incrementar un tercio de las sanciones establecidas, si la mujer o la persona con capacidad de gestar carece de los recursos necesarios para atender su alimentación, habitación y salud; además de imponer una sanción a quien incumpla con la obligación de dar alimentos, de tres a cinco años de prisión y de cien a cuatrocientos días de multa, suspensión o pérdida de derechos de familia, y pago como reparación de los daños a las cantidades no suministradas oportunamente.

Ambas iniciativas fueron turnadas a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen.