GUANAJUATO, GTO.- Normalmente la gente tira pestes de los policías. Quizá muchos se han ganado esa fama, pero también hay muchos que merecen el respeto por hazañas tan cojonudas, que apenas y se pueden contar.

Roberto, miembro del Grupo de Reacción Inmediata de la Policía Ministerial del Estado, es uno de esos chingones.

En 2009 participó en el rescate de varias personas secuestradas en Apaseo el Alto y, a consecuencia de esa acción, recibió un disparo de arma de fuego en la cabeza.

Se le tuvo que retirar parte del cráneo y su cerebro para mantenerlo en coma inducido.

Treinta y tres  días después del ataque demostró que era un hueso duro de roer y regresó a la vida para abrazar a su esposa y a sus cuatro hijos.

Pero algo había cambiado. A sus 32 años no era el mismo, tenía parálisis cerebral y no podía hacer lo que normalmente hacía.

Su carrera simplemente se terminó. También su calidad de vida se desplomó al recibir una pensión con menos del 50% del sueldo base que recibía en ese entonces.

A partir de ahí Roberto ha visto degradarse la seguridad en el estado, también ha sido testigo inquieto de la falta de respaldo institucional a sus iguales.

Por eso, terco como es, Roberto levanta la voz por los policías caídos, y por los que seguramente seguirán cayendo en cumplimiento de su deber.

Él fue el que de alguna manera motivó a la diputada del PAN Lety Villegas para presentar una iniciativa de ley en la que se establezca como obligatorio el máximo de pensión para las familias de los policías asesinados.

También para los que sobrevivan con alguna incapacidad,  reintegrarlos en áreas administrativas o de capacitación.

Ahí es donde entra Roberto, un sujeto impedido para la renuncia, sin tiempo para reconocimientos, y dueño de un afán verdaderamente envidiable por recuperar lo robado a Guanajuato.