CIUDAD DE MÉXICO.- El Fiscal General del Estado de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre, está siendo investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera, dependiente de la Secretaría de Hacienda. Así lo da a conocer una investigación del periodista Raúl Olmos para la organización “Mexicanos contra la Corrupción”.
Según el periodista, las autoridades federales han rastreado las transacciones bancarias de Zamarripa y de su círculo cercano, y derivado de esa investigación, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ya procedió al congelamiento de cuentas de un empresario supuestamente vinculado con el fiscal.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha criticado en forma reiterada la actuación del Fiscal guanajuatense, quien tiene 12 años en el cargo, y le ha solicitado al gobernador Diego Sinhué Rodríguez que lo destituya por los malos resultados en combate a la delincuencia.
A la par de esos exhortos del presidente, el gobierno federal inició una investigación sobre el Fiscal de Guanajuato.
En el expediente del caso, al cual tuvo acceso Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) aparece una revisión detallada de los ingresos que el Fiscal obtuvo a partir del año 2012, así como sus gastos tanto en el país como en el extranjero. Al no encontrarse inconsistencias relevantes, la investigación se amplió a su círculo cercano, incluida la esposa que se desempeña como juez en el Poder Judicial del Estado, así como empresarios que se presume han colaborado con Zamarripa como posibles operadores financieros.
La investigación incluyó a Luis Ernesto Ayala Torres, quien hasta marzo del presente año se desempeñaba como secretario del Gobierno de Guanajuato.
Uno de los elementos que llevaron a investigar a Ayala Torres fue la venta que realizó de su empresa familiar, Botas San Diego, al empresario Francisco Isidro González Espejel, quien –según la información de inteligencia registrada en el expediente- podría tener vínculos con el fiscal guanajuatense.
Las autoridades federales recopilaron información de esa transacción comercial, así como de otras empresas en las que ha tenido participación González Espejel como accionista o representante legal a partir del año 2014. En una comercializadora del empresario, los analistas de la UIF detectaron la dispersión de fondos a “operadores pitufos”, es decir, múltiples transacciones en montos pequeños, lo cual –en consideración de la autoridad- es un indicio de posible lavado de dinero o evasión fiscal.
En la tipología de lavado de dinero de la UIF, los “pitufos” materializan operaciones en efectivo, en beneficio de un tercero o terceros de forma fraccionada en diversas operaciones para, posteriormente concentrar los recursos.
Este fue uno de los argumentos de la UIF para solicitar el congelamiento de cuentas bancarias del empresario, quien promovió un juicio de amparo por considerar injusta la intervención de las autoridades.
Sobre este amparo contra la UIF se abrió el expediente 245/2020 ante el juzgado séptimo de distrito en Guanajuato.
