GUANAJUATO, GTO.- Al menos 72 mil personas han sido atoradas por cajas populares en el estado de Guanajuato y su situación de pago está lejos de mostrarles la luz al final del túnel.
María del Carmen Soria Narváez, representante de los ahorradores de la ya extinta Caja Popular Progresa, en el municipio de Dolores Hidalgo, reveló que este dato les fue proporcionado por el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores (Fipago).
Lo soltó en las escalinatas del auditorio del estado, a minutos de que el gober Miguel Márquez rindiera su tercer informe de gobierno.
Ahí la mujer denunció obstrucciones y complicidades entre el Gobierno del Estado y Lidia Arvizu, ex directora de la Caja Popular Progresa, sobre la que pesan al menos 600 denuncias penales.
María del Carmen Soria señala que Lidia Arvizu también está siendo protegida por el diputado local Juan Rendón y la diputada federal Petra Barrera.
“Gobierno del Estado de Guanajuato solamente nos recibió una vez en septiembre, con el licenciado Arturo Navarro Navarro, una sola vez, de ahí se dijo que nos iban a poner un abogado para ayudarnos, que iban a hacer la auditoría, de ahí para acá, nunca, nunca nos ha recibido nadie del gobierno, en cambio sabemos que asesores, tanto de la secretaría de gobierno, como de la secretaría de finanzas, han ido de Guanajuato hasta Dolores ha entrevistarse con ella (Lidia Arvizu)”, dijo la manifestante.
Agregó que el próximo lunes a las 11 de la mañana se reunirá con el secretario de Gobierno, Toño Chava García López, para pedirle transparencia en la auditoria que se le practica a Lidia Arvizu, presunta responsable de un fraude que podría superar los 350 millones.
Agregó que además de Caja Popular Progresa están en la lucha ahorradores de Acremex en León, 30 de Agosto en Irapuato y cuatro cajas pequeñas más de Comonfort, San José Iturbide, entre otros.