LEÓN, GTO.- Los guanajuatenses tendrán que esperar 23 años para disfrutar los niveles de seguridad que tienen los habitantes de Yucatán.

Así lo plantea un estudio del propio Gobierno de Guanajuato y que fue denominado “Plan Estatal de Desarrollo Guanajuato 2040”.

Dicho plan fue desarrollado por el economista y político guanajuatense, Eduardo Sojo Garza-Aldape, quien planteó que la meta al 2040 en materia de seguridad es alcanzar los mínimos índices delictivos actuales que, refirió, en estos momentos se tienen en Yucatán.

“Sobre si se consideran inseguras las personas en su entidad federativa, y aquí, la meta que nos estamos poniendo al 2040 es es ambiciosa; queremos que nuestro estado la percepción de inseguridad sea, como la que tiene hoy el mejor estado de la República en esta materia, que es Yucatán”, dijo Eduardo Sojo.

Sin embargo, según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es Campeche y no Yucatán el estado con menores índices delictivos registrados en 2017.

En el acumulado Guanajuato aparece con 117 mil 857 presuntos delitos cometidos durante el 2017; Yucatán registró 24 mil 390 y Campeche solo 1,924.

“La primera observación que tuvimos (en materia de seguridad) después de que terminamos este estudio no salió bien. Y vamos a seguir revisando para asegurarnos que vayamos por el camino correcto, para lograr el Guanajuato que queremos en el 2040”, detalló Sojo.

Sobre los objetivos concretos del plan en materia de seguridad, el exponente detalló los siguientes:

Entrar entre los 10 estados con menor tasa de homicidios proyectados por cada 100 mil habitantes.

Abatir la incidencia delictiva, particularmente en el rubro de lesiones dolosas y de robos relacionados directamente con el patrimonio de los guanajuatenses, como el robo a negocio, robo a casa habitación, robo a transeúnte y robo de ganado.

Fortalecer la justicia administrativa en el estado.

Concluir adecuadamente la transformación de la justicia laboral, al integrarse al Poder Judicial Estatal.
Impulsar la aplicación de los programas de reinserción y de readaptación social en el sistema penitenciario, con un absoluto respeto a los derechos humanos, con lo que se contará con uno de los mejores sistemas penitenciarios estatales del País.

Incrementar y desarrollar un equipo policial confiable, con mujeres y hombres instruidos, capacitados y con valores, en los que la ciudadanía pueda deportar su confianza.

Incrementar la cultura de la denuncia y aumentar la proporción de ministerios públicos, jueces y salas penales y civiles.