CIUDAD DE MÉXICO.- El ex consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer; Jorge Arganis Díaz Leal, secretario de Comunicaciones y Transportes del Gobierno de México; el senador de morena Armando Guadiana, y Julia Abdala, pareja de Manuel Bartlett, titular de la Comisión Federal de Electricidad, aparecen dentro de una extensa lista de poderosos mexicanos que utilizaron “paraísos fiscales” para mantener sus fortunas lejos del alcance de las autoridades fiscales.

Según una investigación realizada por Andrea Cárdenas (Quinto Elemento Lab), Mathieu Tourliere (Proceso), Peniley Ramírez y Claudia Ocaranza (Univisión), así como El País, el alcance de los  11.9 millones de documentos filtrados  incluye también a antiguos aliados del ex presidente Enrique Peña Nieto, celebridades y multimillonarios como Germán Larrea y María Asunción Aramburuzabala.

Julio Scherer Ibarra, el consejero jurídico de Andrés Manuel López Obrador que renunció el pasado 2 de septiembre, era en 2017 el único propietario de una compañía radicada en las Islas Vírgenes Británicas bajo el nombre de 3202 Turn Ltd.

La entidad, según el registro del despacho financiero Trident, tenía activos valorados en dos millones de dólares procedentes de su trabajo como abogado privado.

Las acciones de la sociedad las había recibido en 2011 de manos de una familia de empresarios de México que estaban entre sus principales clientes.

De acuerdo a los documentos a los que ha tenido acceso esta investigación (registros de accionistas, actas constitutivas, bases de datos, entre otros) esa compañía offshore posee el 100% de las acciones de una empresa de responsabilidad limitada en Florida, un tipo de estructura financiera conocida como LLC.

Bajo el mismo nombre que la compañía en las Islas Vírgenes, hay registrada una en Florida: 3202 Turn LLC.

Esa compañía es, a su vez, propietaria de un lujoso departamento con vistas al mar en una exclusiva zona de Miami.

El inmueble fue comprado en 2008 por 1,2 millones de dólares, pero actualmente alcanza un valor de mercado de 1,5 millones.

De acuerdo al registro oficial del condado de Miami-Dade, donde está ubicado el departamento, los impuestos de la vivienda los pagó Scherer Ibarra entre 2013 y 2016.

A partir de ese año, lo comenzó a satisfacer directamente la empresa 3202 Turn LLC. Pese a que la entidad en las Islas Vírgenes quedó inactiva en 2019, un año después de que Scherer pasó a formar parte del Gobierno mexicano, la compañía en Estados Unidos sigue siendo la propietaria del piso de Miami.

Scherer declinó responder las preguntas sobre las empresas y el departamento, y justificó que la investigación alude a un período en su carrera en el cual “no era funcionario público sino profesionista independiente”.

“Me es indispensable aclarar que siempre me he conducido conforme a derecho, a mis principios personales y así lo seguiré haciendo”, ha dicho en respuesta a los medios. Tampoco ha querido detallar por qué no lo registró en sus declaraciones patrimoniales cuando era funcionario.

Arganis, que llegó al Gabinete de López Obrador para sustituir a Javier Jiménez Espriú en julio de 2020, aparece como propietario de Desbond Finance Limited, una empresa creada en febrero de 1998 en las Islas Vírgenes Británicas.

Entre 1998 y 2003, el actual titular de Comunicaciones y Transportes tuvo un poder general. La compañía fue abierta con la intermediación del despacho panameño Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) y el Stanford Financial Group, del multimillonario Allen Stanford, que en 2012 fue sentenciado a 110 años de cárcel en EE UU por un fraude multimillonario.

Arganis ha reconocido su participación en la sociedad, pero señala por escrito que fue creada como parte de la estrategia financiera que Stanford recomendaba a sus clientes.

“Cabe aclarar que mis recursos eran producto del ejercicio profesional en el sector privado”, ha asegurado. El secretario agrega que aún no ha recuperado su inversión, pero no aclara si sigue vinculado a la firma ni si declaró esos bienes ante las autoridades mexicanas. La empresa no está incluida en la declaración patrimonial que debe presentar como funcionario público.

El senador Armando Guadiana, del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), también aparece junto a su familia como cliente de Stanford.

El político, conocido por sus negocios en el sector carbonífero en el norte del país, abrió en 2007 un fideicomiso en las Islas Vírgenes Británicas llamado The Hawaii Trust, que tenía como propiedad 50.000 acciones de una empresa llamada Atlantic Industries International Limited.

La estructura fue creada a través del agente Alcogal con un depósito inicial de 250.000 dólares y el senador aparece como el único beneficiario hasta su muerte, momento en el cual sus cuatro hijos pasan a ser beneficiarios en partes iguales, según solicitó él mismo al agente.

Guadiana reconoció en entrevista con los autores de la investigación la creación de la estructura para un proyecto minero en Colombia, pero ha asegurado que no invirtió en ella y solo nombró a los hijos “como nombra uno al papá, al hermano o a cualquier otra persona”.

Aunque en los documentos realizados con el agente financiero dijo tener un patrimonio de 28 millones de dólares, Guadiana ha explicado que su declaración patrimonial no registraba ese monto por “error” de sus contadores.

“Me atonté en el asunto de la Declaranet”, dijo en referencia al sitio web donde realizan las declaraciones patrimoniales los funcionarios públicos.

Julia Elena Abdala Lemus, pareja desde hace 20 años del poderoso director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, aparece vinculada a Roybell International Inc, una compañía creada en Panamá en diciembre de 2011 con un capital inicial de 10.000 dólares.

La empresaria, que se vio envuelta en una polémica en 2019 después de que una investigación periodística revelara las millonarias propiedades que posee, tomó el control total de la sociedad panameña en diciembre de 2017.

En esa fecha se canceló el certificado previo de acciones del primer propietario y se emitió uno nuevo a su favor.

Además, los directivos de la offshore le otorgaron un poder para abrir y operar una cuenta en el Bank Lyford International Band en Las Bahamas. Abdala Lemus no ha contestado a múltiples solicitudes de comentarios.

Empresarios y aliados políticos del expresidente Enrique Peña Nieto crearon empresas o fideicomisos en paraísos fiscales para resguardar sus fortunas o para comprar inmuebles y yates.

Estos entramados financieros les permitieron resguardar sus bienes con la garantía del máximo secreto, ya que sus nombres no aparecen en los registros mercantiles.

Entre las figuras allegadas al exmandatario priista está Ricardo Pierdant, el empresario que en 2014 pagó el predial de un departamento en Miami propiedad de la entonces esposa de Peña Nieto, la actriz Angélica Rivera.

Pierdant constituyó tres empresas en las Islas Vírgenes Británicas en 2009 y 2012 con el propósito de usarlas como un “vehículo de inversión”.

Consultado al respecto negó que las compañías estuvieran relacionadas a Peña Nieto o su familia y aseguró que son totalmente lícitas, pero no fueron utilizadas. “Jamás han tenido actividad ni movimiento económico alguno”, reiteró.

Juan Armando Hinojosa, el constructor de la polémica Casa Blanca, aparece en la filtración con una sociedad constituida en 2010 para la compra, venta y tenencia de valores financieros.

Carlos Peralta Quintero, uno de los empresarios consentidos de la Comisión Federal de Electricidad en el sexenio anterior, está vinculado a tres empresas con las que pretendía adquirir un yate y un bien inmobiliario.

Francisco Labastida Gómez de la Torre, hijo de quien fue candidato presidencial por el PRI en el 2000 Francisco Labastida Ochoa, aparece en los documentos vinculado a una sociedad en las Islas Vírgenes Británicas que fue constituida en agosto de 2006.

En la cartera de clientes de Stanford también figuraba Enrique Martínez y Martínez, exgobernador de Coahuila y secretario de Agricultura con Peña Nieto, con dos fideicomisos estadounidenses: Jardines del Santo Cristo de Saltillo Trust y MYM Generaciones Trust.

Su hermana, su esposa y sus tres hijos se enlistan como beneficiarios de ambas estructuras fiduciarias, según los documentos de Alcogal, la segunda fuente más grande de archivos en la filtración.

En una carta, Martínez y Martínez ha respondido que buscaba tener “una inversión segura en dólares” y un “rendimiento competitivo”.

El político asegura que no incluyó estos bienes en sus últimas declaraciones patrimoniales porque el fraude de Stanford representó un “fuerte quebranto” para su patrimonio familiar y porque el banco ya se había declarado en quiebra, por lo que nunca pudo recuperar ese dinero.

“Si hubiera alguna falta no ha sido intencional ni con propósito de omitir el cumplimiento a una obligación”, detalla.