CIUDAD DE MÉXICO.- El preciso electo de México, Andrés Manuel “nunca más la mafia del Poder” López Obrador, presentó una lista de 50 medidas de austeridad en su gobierno, a las que vale la pena que le eches un ojo.
Se modificará el artículo 108 de la Constitución para agregar que el presidente de la República en funciones pueda ser juzgado por delito de violación a las libertades electorales y por delitos de corrupción.
Se suspenderán por completo fueros y privilegios para funcionarios públicos.
Se reformará la Ley para considerar delitos graves el tráfico de influencias, la corrupción, la asociación entre funcionarios y particulares para cometer fraudes a la Hacienda Pública, el robo de combustibles y el fraude electoral en cualquiera de sus modalidades; las penas no permitirán al inculpado la obtención de la libertad bajo fianza.
La Fiscalía General contará en los hechos con absoluta autonomía, no recibirá consigna del presidente de la República y sus prácticas se apegarán al principio del derecho liberal según el cual: “al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie”.
La Fiscalía Electoral estará encargada de que las elecciones sean limpias y libres, a evitar la compra del voto, la coacción, la amenaza, el uso del presupuesto público y de bienes para favorecer a partidos y candidatos y castigar cualquier tipo de fraude electoral; su distintivo será la imparcialidad y su misión la de establecer en México una auténtica democracias.
La Fiscalía Anticorrupción será garante para evitar este mal que tanto ha dañado a México y no permitir bajo ninguna consideración el predominio de la impunidad, el mandato que recibimos del pueblo en las elecciones del 1 de junio de 2018 consistió, básicamente, de encomiarnos la apremiante tarea de acabar con la corrupción y con la impunidad. La Fiscalía Anticorrupción podrá actuar con absoluta libertad y castigar a cualquier persona que cometa un delito de esa naturaleza, trátese de quien se trate, incluidos compañeros de lucha, funcionarios, amigos y familiares: “Un buen juez por la casa empieza”.
Todo funcionario deberá presentar su declaración de bienes patrimoniales, así como la de sus familiares cercanos y será pública y transparente en todos los casos.
El presidente de la República ganará menos de la mitad de lo que recibe el presidente Enrique Peña Nieto, sin ningún tipo de compensaciones.
No se comprarán vehículos nuevos para funcionarios.
No se comprarán sistemas de cómputo en el primer año de gobierno.
No habrá más de cinco asesores por secretaría.
Sólo tendrán secretarios particulares los secretarios o equivalentes.
No habrá bono y otras canonjías; el salario será integral según la Constitución que a la letra dice “se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y de los gastos de viaje en actividades oficiales. “Como lo establece el artículo 127 de la Constitución, ningún funcionario podrá ganar más que el presidente de la República”.
Se limitarán los viáticos al mínimo.
No habrá partida para gastos médicos privados.
No habrá caja de ahorro especial; es decir, dejará de existir la partida conocida como “seguro de separación individualizada”.
No se viajará al extranjero sin la autorización del secretario y la partida se reducirá al mínimo.
Se cancelarán fideicomisos o cualquier otro mecanismo utilizado para ocultar fondos públicos y evadir la legalidad y la transparencia.
Nadie tendrá guardaespaldas, sólo los encargados de la seguridad.
Se suprimen todas las estructuras y programas duplicados, oficialías mayores, oficinas de prensa, de publicaciones, defensorías jurídicas, de compras, contraloría interna, y otras; estas funciones o programas se centralizarán en una sola unidad o coordinación dependiente de la secretaría relacionada con los asuntos en cuestión.
Se reduce toda la estructura de trabajadores, empleados de confianza, en un 70 por ciento del personal y del gasto de operación.
Se bajan los sueldos de los altos funcionarios públicos a la mitad, de quienes ganan más de un millón de pesos anuales; de manera progresiva, pero lo ahorrado debe significar el 50 por ciento del gasto actual; es decir, se va a ahorrar la mitad de lo que ahora se destina para el pago de los altos funcionarios públicos.
Nadie podrá utilizar aviones o helicópteros privados, se venderá la flotilla de aviones y helicópteros, sólo quedarán los destinados a la seguridad, la protección civil y los que se ocupen para el traslado de enfermos.
Se cancelarán las pensiones a los expresidentes de la República.
No se utilizarán vehículos y otros bienes públicos para asuntos particulares.
No podrá contratarse a familiares.
Los trabajadores de confianza laborarán de lunes a sábado y cuando menos ocho horas diarias.
No se puede asistir al trabajo en estado de ebriedad, ni tomar en las oficinas públicas.
Se reducirá en 50 por ciento el gasto de publicidad del gobierno.
Los funcionarios de Hacienda, Comunicaciones y de otras dependencias no podrán convivir en fiestas, comidas, juegos deportivos o viajar con contratistas, grandes contribuyentes, proveedores, inversionistas vinculados a la función pública.
Ningún funcionario público podrá ocupar en su domicilio a trabajadores al servicio del estado, sino tiene permitido o no cuenta con autorización para ellos.
Ningún funcionario, sin causa de emergencia, podrá ordenar cerrar calles, detener el tráfico o pasarse los altos o estacionarse en lugares prohibidos.
No se comprará ninguna mercancía que exista en los almacenes públicos en cantidad suficiente.
No se remodelarán oficinas ni se comprará mobiliario de lujo.
Sólo tendrán apoyo de choferes los secretarios y subsecretarios.
Los policías y militares de las distintas corporaciones no estarán al servicio de funcionarios o de particulares sin justificación.
El Estado Mayor Presidencial se incorporará por completo a la Secretaría de la Defensa y se ocupará de tareas de protección de espacios públicos, de instalaciones estratégicas y de la seguridad de los mexicanos.
La Residencia Oficial de Los Pinos pasará a formar parte de El Bosque de Chapultepec y se convertirá en un espacio para el arte y la cultura.
Desaparecerán las partidas para vestuario, cualquier gasto de protocolos ceremonial dedicado al presidente y a sus colaboradores cercanos y a familiares.
Se cancelará toda labor de espionaje o intervención telefónica que afecte el derecho a la privacidad de las personas. El Sistema de Inteligencia de Gobierno estará sólo dedicado a la prevención de delitos y a combatir la delincuencia.
Se cuidarán los bienes de la oficina a disposición de servidores públicos para proteger el patrimonio colectivo.
Se evitarán gastos de oficina innecesarios y se ahorrará en energía eléctrica en agua, servicios telefónicos, de Internet, gasolinas e insumos pagados por el erario.
Se tratará con amabilidad a los ciudadanos en las oficinas públicas y en cualquier lugar, aceptando con humildad que ellos son, los ciudadanos, los mandantes de los servidores públicos.
Las compras de Gobierno se harán de manera consolidada mediante convocatoria, con observación ciudadana y de la oficina de transparencia de la ONU.
Los contratos de obra de Gobierno se llevarán a cabo mediante licitación pública con la participación de ciudadanos y de observadores de la ONU.
No habrá partidas en el presupuesto a disposición de diputados y senadores, se acabará la vergonzosa práctica de los sobornos o de los llamados “moches”.
Ningún funcionario público podrá recibir regalos cuyo valor exceda de cinco mil pesos.
No se autorizará la contratación de despachos para elaborar proyectos de ley, planes de desarrollo o cualquier tipo de análisis y recomendaciones que puedan hacerse con el trabajo y la capacidad profesional de los servidores públicos.
En las relaciones comerciales o financieras con empresas internacionales se dará preferencia a las empresas originarias de países cuyos gobiernos se caractericen por su honestidad y castiguen y no toleren las prácticas de sobornos o de corrupción.
Se revisarán los contratos suscritos con empresas nacionales o extranjeras que se hayan otorgado mediante el influyentismo, la corrupción, y que causen daño a la Hacienda Pública. En caso de anomalías que afecten el interés nacional se acudirá al Congreso de la Unión, a tribunales nacionales e internacionales; es decir, siempre nos conduciremos por la vía legal, no actuaremos de manera arbitraria, ni habrá confiscación o expropiación de bienes.
