GUANAJUATO, GTO.- A dos semanas de que el preciso nacional Enrique Peña Nieto Peña Nieto promulgara el Código Nacional de Procedimientos Penales, este estado está listo para instrumentar el nuevo sistema de justicia penal en todo el país, el que debe arrancar a más tardar el 18 de junio de 2016.

Por eso, el diputado priista y presidente de la Comisión de Justicia en el Congreso de Guanajuato, Luis Felipe Luna Obregón, aseguró que todo está listo para arrancar con una fuerte estructura jurisdiccional, considerando el avance en la práctica de los juicios penales orales.

Adelantó que de las cuatro etapas que integran la estrategia de implementación, tres ya funcionan y sólo falta la entrada en vigor del código procesal, cuyo plazo concluye en noviembre-diciembre de 2016 e involucra la ordenativa legal con las normas de disposición nacional.

Resaltó los alcances en la defensa de los derechos de inculpados a quienes se les garantizará el principio de inocencia que consiste en que la persona acusada de un delito se presuma inocente hasta que se demuestre lo contrario.

Luna sostuvo que a través de este instrumento se unificarán reglas y criterios que beneficiarán a las personas involucradas en la comisión de un delito, así como a la transparencia en el proceso; se tendrán mayores garantías, más seguridad y sobre todo reglas de juego que permitan acortar los tiempos.

LOS PUNTOS

Entre los temas destacados de este Código Único están que establece con claridad los derechos y obligaciones del sistema penal acusatorio de todos los involucrados en un juicio, incluso los medios de comunicación y el público en general.

Ahora las policías tendrán mayor peso y serán parte fundamental de los procesos, además deberán investigar con mayores técnicas profesionales e incluso científicas.

También señala que ya no es necesario denunciar ante un policía o Ministerio Público, el código establece características para que las personas acudan a denunciar delitos no graves. Establece la figura de juez de control que vigilará que no se vulneren los derechos de las personas; modifica la figura del arraigo y su temporalidad, que ahora será por 40.