GUANAJUATO, GTO.- Cinco mujeres han fallecido en condiciones violentas en menos de tres meses de que el gobierno de Miguel Márquez implementó el Código Naranja y el Programa Integral de Atención a las Mujeres, por lo que la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Congreso de Guanajuato, Érika Arroyo Bello, exigió que los resultados se concreten en la realidad.

La priista dijo que no basta con la intencionalidad para abatir la violencia domestica, y que estos programas en nada han impactado en la vida de las mujeres guanajuatenses.

“Hemos comprobado con datos que en promedio 6 de cada 10 mujeres en el estado viven violencia. El Código Naranja y el Programa de Integral de Atención a las Mujeres debe concretarse en la realidad, ya que estos mecanismos no han transformado la calidad de vida de las mujeres en Guanajuato”, explicó.

Reveló que en los primeros tres meses de 2014 han muerto cinco mujeres en condiciones violentas en diferentes municipios y detalló que en tres casos se comprobó la participación de sus parejas en los crímenes.

Y citó tres casos: en febrero Alejandro Santos, de 43 años, mató a su esposa María Isabel, de 30 años, al dispararle al descender del camión en el que viajaban; él, después de una discusión que presenciaron los testigos, le disparó por la espalda luego se suicidó. En Tierra Blanca, también en febrero, en la Comunidad El Zapote, Levorio Felix de 56 años confesó haber matado a su esposa Petra de 58 años, después de “una discusión por celos”.

En esta semana, ocurrió el asesinato de Patricia Daniela Murillo, su hijo de tres meses, y el presunto responsable, su esposo, Ferrán Castelló; este caso ha cimbrado al estado, y por la información publicada hasta ahora en los medios se revela que hubo violencia doméstica.

Por eso la diputada lamentó que pese al incremento de los actos y manifestaciones de violencia hacia las mujeres, el gobierno del estado “no ha respondido cuáles son las acciones concretas del Código Naranja y el Programa Integral de Atención a las Mujeres. No se ha transparentado e informado el presupuesto que se asignó para su implementación, ni quienes son las autoridades responsables por dependencia de su aplicación”.

Arroyo Bello agregó que “es responsabilidad del gobernador, Miguel Márquez, y en especial del Instituto de las Mujeres Guanajuatenses, la prevención y atención”. Consideró cuestionable que la Procuraduría de Justicia guarde silencio ante estos últimos hechos, cuando se tiene la obligación de revisar lo que se está haciendo.