ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO ALCANZARÁ A FAMILIARES DE FUNCIONARIOS
GUANAJUATO, GTO.- Como parte de las reformas al Sistema Estatal Anticorrupción, la Comisión de Justicia del Congreso local revisa el Código Penal, legislación en la que se contempla incluir sanciones a familiares en casos de enriquecimiento ilícito.
La iniciativa propuesta por los integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales propone la creación de nuevos tipos penales como la intimidación y la coalición de servidores públicos.
En primero de estos delitos refiere a acciones de dolor o sufrimiento físico o mental, de funcionarios públicos que de forma directa o por medio de otra persona infrinja a alguien con el fin de inhibir que esta o un tercero denuncien, formule querella o aporte información relativa a la presunta comisión de una conducta sancionada por la legislación penal o por la Ley de Responsabilidades Administrativas aplicables.
La presidenta de la Comisión de Justicia, Arcelia González detalló que en el caso de estos tres delitos se contempla penas de prisión de entre dos y siete años y de entre 30 hasta 300 días de multa, pero son detalles que aún se revisan en mesas de trabajo.
Explicó además que el delito de coalición de servidores públicos plantea sanciones a aquellos que se coaliguen para tomar 2medidas contrarias a una ley, reglamento, y otras disposiciones de carácter general, impedir su ejecución o para hacer dimisión de sus puestos con el fin de impedir o suspender la administración pública”.
También se volvería a incluir el delito de prevaricato que consiste en que una autoridad, juez u otro servidor público dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial a sabiendas de que dicha resolución es injusta y contraria a la ley.
La legisladora dijo que este ilícito ya existían en el Código Penal para el estado hace algunos años, pero se eliminó y ahora se contempla volverlo a incluir dejando claro que las sanciones son para todos aquellos funcionarios que tiene la facultad de emitir sentencias, jueces y autoridades administrativas.