GUANAJUATO, GTO.- En Guanajuato, ni una sola persona ha sido sentenciada a cárcel por los delitos de enriquecimiento ilícito o tráfico de influencias.

Del 2002 a la fecha, la Procuraduría General de Justicia del Estado reporta la integración de 46 averiguaciones previas por enriquecimiento ilícito y 13 por tráfico de influencias.

Tomando en cuenta estos números, el Poder Judicial de Guanajuato informa que del 2002 a la fecha no se ha sentenciado a nadie por el delito de tráfico de influencias y en el caso de enriquecimiento ilícito, sólo se ha procesado a una persona que tuvo que ser absuelta por falta de pruebas en 2007.

Lo mismo que ha ocurrido con tres de las siete personas detenidas la semana pasada y que supuestamente cometieron un fraude por más de 27 millones de varos en agravio del Gobierno del Estado, las cuales tuvieron que ser liberadas por falta de pruebas.

Los datos fueron proporcionados por las unidades de acceso a la información pública de la Procuraduría General de Justicia del Estado y el Poder Judicial al abogado Roberto Saucedo Pimentel, quien también es líder la Asociación Civil Ciudadanos Hartos.

El litigante señala que la impunidad en estos casos se debe a que los mecanismos legales que se tienen para castigar estos delitos están hechos para maquillar un supuesto combate a la corrupción.

Es por eso que este jueves presentó un amparo otorgado por el juez primero de distrito contra el Congreso del Estado para que los diputados dictaminen sobre un paquete de medidas anticorrupción que él mismo presentó en mayo pasado y al que simplemente los legisladores  le han dado el avión.