LEÓN, GTO.- El Consejo Coordinador Empresarial de León advirtió al gobernador electo, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, que no pueden compartir la ratificación en su gabinete de Carlos Zamarripa en la Procuraduría de Justicia y Álvar Cabeza de Vaca en la Secretaría de Seguridad Pública, por dos cosas en concreto. 

La primera, tiene que ver con que los nombramientos no vayan de la mano con una serie de cambios fundamentales en el sistema de seguridad y procuración de justicia. 

La segunda, porque simple y sencillamente estos personajes no han dado resultados contundentes en el estado. 

En seguida, el comunicado empresarial que detalla este condicionamiento:

“Esperamos que el “Golpe de Timón” represente un plan contundente que integre a los tres niveles de gobierno con inteligencia, mejor equipamiento, mejor capacitación y mejor remuneración en las corporaciones de seguridad, y que realmente signifique un cambio en las tácticas, en los programas, en los proyectos y en la estructura. En concreto, desde el sector empresarial PEDIMOS UN CAMBIO EN LA ESTRATEGIA, puesto que la que se ha implementado hasta ahora se ha visto rebasada por el crimen”, detallaron los empresarios en un comunicado. 

Argumentaron que respetan la decisión de Diego, pero

Sin embargo, si dicha ratificación solo se trata de una decisión aislada que no incluya todo lo anterior, entonces NO PODRIAMOS COMPARTIR la decisión de ratificar a los funcionarios antes citados, ya que no han conseguido ofrecer los resultados deseados en la entidad. 

Desde el empresariado consideramos que esta nueva estrategia debe integrar, entre otras cosas, los modelos exitosos existentes tales como la incorporación de un Secretariado Técnico del Consejo Estatal de Seguridad que posea capacidad de decisión, además de un vocero que comunique con efectividad, periodicidad y total transparencia, los resultados en materia de seguridad, además que se incorpore un NUEVO MODELO en donde las policías municipales dejen de actuar solo como “primer respondiente” y pasen a formar parte de las tareas de investigación.

Adicionalmente se deben reforzar las academias para reclutar y capacitar policías, dotándolas de instructores bien capacitados y con experiencia en el medio, ampliando los plazos de capacitación a nuevos policías.

Se debe facultar a las procuradurías y a la Dirección de Averiguaciones Previas para que puedan dirigir y supervisar los servicios de la policía ministerial y de los servicios periciales dotándolos de mayor autonomía; se deben de restituir los grupos especializados de investigación de vehículos robados y el de investigación del narcomenudeo.

Es urgente la incorporación de más personal, principalmente agentes ministeriales y ministerios públicos. De esta manera se evitarán los abusos que ocurren actualmente, al inducir a los ofendidos a llegar a un arreglo conciliatorio, además de que se eliminará la percepción de indiferencia que se genera y desincentiva la denuncia ciudadana. 

Es inaplazable una intensa capacitación de los policías preventivos y agentes del ministerio público para que logren acreditar ante los jueces que los sujetos detenidos son una amenaza para los ofendidos, para los testigos y para la sociedad, y que además garantice que no existan errores durante los procedimientos de aprehensión evitando que los detenidos queden en libertad, desapareciendo así el problema de la “puerta giratoria”.

En ese sentido, luego de conocer la decisión del Gobernador Electo, de ratificar en su cargo a los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Alvar Cabeza de Vaca Appendini y Carlos Zamarripa Aguirre, respectivamente, los organismos del CCEL nos permitimos señalar que:

De llegarse a gestar una estrategia con las características que citamos en los párrafos anteriores, como empresarios reiteramos nuestra disposición a seguir colaborando en lo que esté a nuestro alcance para la recuperación de la paz de nuestro estado.

Sin embargo, si dicha ratificación solo se trata de una decisión aislada que no incluya todo lo anterior, entonces NO PODRIAMOS COMPARTIR la decisión de ratificar a los funcionarios antes citados, ya que no han conseguido ofrecer los resultados deseados en la entidad. 

Sin embargo, RESPETAMOS la decisión que ha tomado el Gobernador Electo, pues entendemos proviene de un análisis exhaustivo sobre el impacto y conveniencia de la continuidad de dichos funcionarios, pero en cualquier escenario esperamos resultados favorables inmediatos con fechas bien definidas y DECREMENTOS MENSUALES EN LOS DELITOS, toda vez que no habrá curva de aprendizaje ni argumento que justifique una ausencia de resultados.

Conscientes de lo lastimado que se encuentra Guanajuato por la falta de seguridad, los empresarios del CCEL refrendamos nuestro compromiso de dar seguimiento al trabajo de nuestros gobiernos para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones”. 

(En la foto, José Arturo Sánchez Castellanos, presidente del CCEL)