LEÓN, GTO.- El director del portal de noticias Zona Franca, Arnoldo Cuéllar Ornelas, denunció este martes que su medio está siendo castigado por el Gobierno de Guanajuato mediante auditorías fiscales y bloqueo publicitario, por investigar la triangulación de contratos de publicidad con una potencial empresa fantasma.

Cuéllar detalla ampliamente en una nota informativa un posible abuso de autoridad y, formula, que con el mismo rigor que se investiga fiscalmente a la empresa Fábrica de Contenidos, S. A. de C. V., propietaria del portal de noticias Zona Franca, se investigue a F. B. M. Comercializadora, la empresa aparentemente fantasma mediante la cual el vocero estatal, Enrique Avilés, habría triangulado contratos publicitarios por 5.5 millones de pesos para la Organización Editorial Mexicana en Guanajuato.

La que sigue, es la explicación detallada del periodista sobre cómo el Gobierno de Guanajuato presiona a este medio por investigar un posible caso de desvío de recursos públicos.

La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Guanajuato, a través de la Dirección de Auditoría Fiscal, inició un procedimiento de auditoría a la empresa Fábrica de Contenidos, S. A. de C. V., propietaria del portal de noticias Zona Franca, correspondiente al ejercicio fiscal del año 2016.

De acuerdo a la normatividad, estas auditorías deberían ser realizadas de forma aleatoria para verificar el cumplimiento fiscal de las empresas. En el caso de Zona Franca, la intervención de la instancia estatal tiene un antecedente cronológico: la publicación de una serie de reportajes a partir del 8 de diciembre de 2017, sobre la presunción de irregularidades cometidas por la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Estado, al contratar una empresa señalada por el SAT como sospechosa de “actividades inexistentes”; además de estar catalogada por el comité de participación ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción como un potencial empresa “fantasma”.

Se trata de F. B. M. Comercializadora, empresa con un complicado historial de sustituciones de accionistas, muchos de ellos con domicilios falsos o inexistentes, que ha cobrado al gobierno aproximadamente 5.5 millones de pesos por intermediar la producción y contratación de publicidad en los diarios de la Organización Editorial Mexicana en Guanajuato, los cuales además tienen sus propios convenios directos con Comunicación Social del estado.
La auditoría del gobierno del estado se produce después de que se ha suspendido la compra de publicidad estatal al portal Zona Franca y de que se han detectado llamadas a otros clientes de Fábrica de Contenidos para pedirles que dejen de anunciarse.

La publicidad, el intento de controlar

Previo a la publicación del primer reportaje sobre la presunta empresa fantasma, en diciembre pasado, el vocero del gobierno fue buscado para conocer su versión de los contratos firmados por él con F. B. M.
En los chats cruzados para incorporar la información enviada por Enrique Avilés, el funcionario intentó dos veces introducir el tema del contrato de publicidad de 2018 de Zona Franca.
El viernes 8 de diciembre a las 18:07 planteó: “Vamos a definir 2018!”; el sábado 9 de diciembre insistió en un chat a las 14:26: “Avísame que día nos juntamos para ver 2018. / Tiene que ser la próxima semana”.
Era evidente el intento de introducir el tema publicitario, cuando lo que se estaba abordando era un asunto editorial y se le buscaba para una entrevista específicamente sobre el tema.

La información se oculta

Publicado el reportaje, Enrique Avilés ofreció aclarar todo, como lo dijo en la entrevista que sostuvo con la periodista Carmen Aristegui, asegurando que había toda la disposición para dar a conocer los servicios prestados, factura a factura y los documentos que probaban la prestación de los servicios contratados a F. B. M.
Sin embargo, eso se diluyó en los días posteriores. La documentación nunca fue entregada pretextando diversas justificaciones: la protección de datos personales, una auditoría en marcha que complicaba la operatividad de la dependencia. Se pidió hacer la solicitud por acceso a la información y unas semanas después, a fines de enero de 2018, se decretó oficialmente la reserva de la información.
En entrevistas posteriores con funcionarios de la STYRC, se ha subrayado que la decisión de reservar la información fue de Comunicación Social, lo que convierte a Avilés en juez y parte de un tema que le involucra directamente.

Comienza el hostigamiento

En ese mes de enero empezaron los actos de hostigamiento: el portal de Zona Franca fue objeto de un ataque cibernético consistente en una batería de búsquedas realizadas por software malicioso que sobrecargó la base de datos y provocó que el portal respondiera con lentitud, se cayera en algunas de las nubes donde se soporta y complicara el proceso de subir y editar información.

La situación fue denunciada públicamente y puesta en conocimiento de la organización Artículo 19.
Posteriormente, fuimos enterados por mensajes dados por el propio Enrique Avilés a otros periodistas e investigadores de temas de transparencia, que las declaraciones fiscales de Zona Franca estaban sometidas a un escrutinio por parte de funcionarios del gobierno, situación que resulta absolutamente irregular, puesto que esas declaraciones no son públicas.

No obstante, no se le dio mayor importancia por estar al corriente de todas las obligaciones en ese terreno.

Días después se produjo el citatorio para la realización de la auditoría, la cual ya está en marcha.

Escrutinio a Zona Franca, sin problema

De parte de Zona Franca no tenemos problema alguno con que se revisen las operaciones de la empresa. En el caso de encontrarse algún incumplimiento, cubriremos las medidas que disponga la autoridad.
Nos preocupa, sin embargo, que atrás de esta fiscalización no se encuentre un ejercicio normal de las atribuciones del estado, sino una intención facciosa que busque intimidar y afectar el libre ejercicio del periodismo que practica Zona Franca.

Por esas razones, todo lo que ha acontecido y que aquí se relata ya ha sido puesto en conocimiento de instancias como el mismo Artículo 19. Se ha compartido con otros medios preocupados por la situación de la libertad de expresión en México y se tomarán medidas legales para prevenir que se esté generando un abuso de autoridad y una extralimitación de las facultades del estado que persigan incrementar la censura que ya se ejerce con el manejo discrecional de la publicidad gubernamental.

¿Se revisará igual a F.B.M.?

Llama la atención, sin embargo, que mientras el medio que difundió con elementos de prueba contundentes la posible existencia de un gasto irregular y una contratación ilegal con recursos públicos, es objeto de una auditoría, no haya ocurrido lo mismo con la empresa señalada como “fantasma” y la cual ha realizado varios cambios de domicilio en los últimos meses.

Mientras la auditoría de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas a la Coordinación de Comunicación Social sirve como pretexto para no entregar los comprobantes de los contratos de esa dependencia a F. B. M., el medio de comunicación que los pide es sometido a una revisión del estado que posiblemente tiene un origen arbitrario.

Realmente, lo único que Zona Franca plantearía es: cancha pareja.

El hecho de que la opacidad sea la marca del estado en este asunto, pese a la existencia de leyes que pretenden eliminarla y que el escrutinio se voltee hacia quien dio a conocer la situación anómala, nos hace pensar que lo que se oculta y con lo que hemos topado, quizá sea mucho más grande de lo que hasta ahora hemos avizorado.