GUANAJUATO, GTO.- El auditor general, Javier Pérez Salazar y dos diputadas de la Comisión de Hacienda y Fiscalización del Congreso, Elvira Paniagua Rodríguez y Angélica Casillas Martínez, confirmaron que el directivo de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) que denunció la diputada Bárbara Botello Santibáñez como inhabilitado, aún no lo está pues su proceso está abierto.

Los tres reconocieron que la sanción que le impuso el Instituto Federal Electoral (IFE), ahora Instituto Nacional Electoral (INE), está en la última instancia legal, lo que significa que todavía no hay una inhabilitación en firme.

El empleado que tiene un nivel tabular 16, un cargo de director con una percepción de más de 68 mil pesos, habría sido sancionado por el IFE por una negligencia administrativa y al decir del auditor general, ésta fue no entregar la tarjeta de estacionamiento: poco creíbles la historia, pero así lo dijo.

Añadió que el trabajador Tomás Martín Hernández Gaytán, apeló la inhabilitación por cinco años que determinó el INE ante Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y ganó. El IFE interpuso un amparo ante Tribunales Colegiados, en donde se confirmó la nulidad de la resolución y la instancia denunciante pidió un recurso de revisión que está en manos de la Suprema Corte, y la cual tendrá la última palabra.

Por lo pronto, el segundo a bordo del auditor, seguirá trabajando en la ASEG hasta que no haya una resolución, pues su jefe piensa que si lo corre se entendería como culpable, y aunque la honorabilidad de la ASEG pudiera ser puesta en duda.

La diputadas de la Comisión de Hacienda, ambas panistas, consideraron que no fue correcta que el funcionario fuera propuesta cuando había un proceso abierto en su contra, pero él auditor se hace el desentendido y dice que él no supo cuando empezó el proceso y que sólo supo de la sanción hasta que le avisaron en 2015, según él un año después de que había sido nombrado director en el área de Cuenta Pública.