GUANAJUATO, GTO.- La Contraloría interna del Congreso de Guanajuato mandó al archivo la investigación sobre supuestas transas por al menos 159 millones de pesos en la construcción del nuevo Palacio Legislativo.

Así es, Dany Ángel Martínez Muñoz, un empleado del Congreso encargado de la contraloría interna del Congreso dictaminó que no hay transas ni delitos que perseguir en la construcción del nuevo Palacio Legislativo.

Estamos hablando de presuntas irregularidades señaladas durante el proceso de entrega – recepción por parte del coordinador de los diputados del PAN, Éctor Jaime Ramírez Barba.

Entre estas trascendieron supuestas malos manejos en 10 contratos de entre junio del 2012 y septiembre del 2015, que representaban una inversión de 159 millones 718 mil pesos.

Al parecer la revisión se realizó durante la entrega recepción de la actual legislatura y habría abarcado la firma de contratos de junio del 2012 hasta septiembre de 2015.

En estos contratos se reveló la existencia de asignaciones que no debieron haber sido otorgadas de manera directa, subcontrataciones y posibles empresas fantasma cuyos domicilios fiscales simple y sencillamente no corresponden con la verificación de campo que se hizo.

Ante esto el contralor interno declaró este miércoles que se hizo lo que pudo y que no se pudieron fincar responsabilidades.

“Iniciamos una investigación por una presunta responsabilidad, sin embargo, el momento de entrega-recepción la abrimos a manera de investigación, nosotros quisimos iniciarla para resguardar un posible acto que trajera consigo una responsabilidad. En este caso nos dimos cuenta que no son asertivos los comentarios y no podemos fincar ninguna responsabilidad”, señaló.

Incluso deslindó al Congreso del Estado en la contratación de presuntas empresas fantasmas al argumentar que ellos contrataron de buena fe.

Incluso le echó la bolita a la Secretaría de Obra Pública del Gobierno de Guanajuato al señalar que ellos deberían revisar su padrón de proveedores.

Sin embargo, detalló que en al menos dos casos sí se desprendían responsabilidades administrativas, pero que estas prescribieron al tratarse de contratos firmados en el 2009.

Dany Ángel Martínez Muñoz, contralor interno del Congreso de Guanajuato.

ÉNFASIS

Algunas de las presuntas irregularidades:

1.- el contrato 01126/21015 para la adquisición de mobiliario debió haber sido otorgado mediante licitación y en lugar de eso fue designado directamente.
2.- En cuatro casos los domicilios de las empresas beneficiadas con los contratos no corresponden a sus respectivos giros.
Como en el caso de Pavimentos y Plataformas Industriales S.A. de C.V., en cuyo domicilio solamente se encontró una cortina metálica sin referencia alguna. Pese a ello se le entregó un contrato por 1 millón 324 mil pesos.
3.- De igual manera habría anomalías de este tipo en las empresas Zip – Zac Constructora S.A. de C.V., a la que se le entregaron 16 millones 937 mil pesos.
O como en el caso de la empresa Acca S.A. de C.V. que por trabajo de recubrimiento en el salón de sesiones obtuvo 8 millones 943 mil pesos.
4.- En la mira también aparece el arquitecto Jorge Iván Enrique Ruteaga, quien se embolsó 1 millón 663 mil pesos por obra civil y albañilería.
5.- De igual manera hay inconsistencias con el domicilio fiscal de ConstruMaquinaria Básica S.A. de C.V. el cual se encuentra en Orizaba Veracruz y pese a supuestamente dedicarse a excavaciones, recibió un contrato por 54 millones 685 mil pesos para encargarse de instalaciones eléctricas, aire acondicionado y cancelería.
6.- De la que de plano no se encontró el domicilio fue de la empresa Mercantil 888 Revitaliza S.A. de C.V., a la que se le entregó 1 millón 280 mil pesos por consultoría.

ÉNFASIS 

Icialmente el costo para la construcción del nuevo Palacio Legislativo era de 130 millones de pesos, pero terminó costando 784 millones de varos.

(Con información de Zona Franca y archivos de Contrapunto News)