GUANAJUATO, GTO.- Con el objetivo de sancionar con una pena mayor e inhabilitación a los servidores públicos, pertenecientes a instituciones de seguridad del estado y los municipios, que faciliten información para la realización de conductas delictivas, el Grupo Parlamentario del PAN propuso una modificación al Código Penal del Estado de Guanajuato.

En la exposición de motivos, la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá explicó que la reforma contempla sancionar a los servidores públicos que incurran en dicho delito con 3 a 9 años de prisión y de 30 a 90 días de multa, además de la destitución e inhabilitación para desempeñar cargo, empleo o comisión públicos, hasta por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta.

En caso de que el servidor público labore en una institución de seguridad pública, procuración o impartición de justicia, o de ejecución de penas, se le sancionará de 4 a 10 años de prisión, y de 40 a 100 días de multa, así como la destitución e inhabilitación definitiva para desempeñar cargo.

De igual forma, precisó que quien sin causa justificada aceche, espíe, vigile o realice actos tendientes a obtener o proporcionar información a algún integrante de una agrupación delictiva sobre las actividades oficiales o personales que realicen o pretendan realizar los servidores públicos de las instituciones de Seguridad Pública con la finalidad de entorpecer o evitar  el cumplimiento de sus funciones, ocasionarles un daño o cometer un delito, se le impondrá prisión de 2 a 5 años y de 20 a 50 días multa.

Detalló que las penas máximas se aplicarían cuando este delito sea cometido por exintegrantes de las instituciones de seguridad pública, se utilice a menores de edad o a quienes no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho, y cuando se utilicen equipos o artefactos que permitan la intervención, escucha o transmisión de datos de los canales de comunicación oficiales de instituciones de seguridad pública.

Asimismo, consideró necesario dejar en claro que la presente iniciativa no tiene por objeto castigar, por ejemplo, la labor de investigación periodística, por lo que se proponen supuestos concretos para la tipificación del delito.

La congresista indicó que las modificaciones propuestas buscan combatir los llamados “halcones”, actividad que está ampliamente documentada a nivel nacional y que, en las últimas semanas, se ha observado con especial claridad en Guanajuato, específicamente en respuesta a los importantes operativos lanzados de forma conjunta por las fuerzas del estado y de la federación.

Comentó que las redes de la delincuencia han optado por “halconear”, concepto que hace referencia a las actividades de acechar, vigilar, alertar o recolectar información, todo ello con el objetivo de facilitar la comisión de delitos, además de dificultar o incluso impedir el funcionamiento de la actividad de las instituciones de seguridad pública.

Enfatizó que por medio de dicha actividad las redes del crimen organizado pretenden obtener información privilegiada, con el fin de utilizarla para conocer y avisar a terceros la ubicación y movimientos de los operativos en su contra, propiciando un clima de incertidumbre y poniendo en riesgo la integridad física de los integrantes de las instituciones de seguridad pública, además de incentivar el involucramiento de las comunidades en actividades ilícitas, lo que resulta en una mayor descomposición del tejido social.

En este sentido, subrayó que esta actividad es altamente redituable para el crimen organizado, en términos estratégicos y logísticos y se vuelve incluso más atractiva al tomar en cuenta que en la actualidad la legislación del estado no contempla una sanción específica para las actividades que cotidianamente se definen como halconeo.

“Con esta reforma, las autoridades y la sociedad tendremos una nueva herramienta para avanzar en la lucha contra las redes del crimen organizado, siempre con el objetivo de recuperar la tranquilidad de las familias, para que Guanajuato siga siendo estado de Derecho y de desarrollo con trabajo honesto”, agregó.

La propuesta legal se turnó a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen.