GUANAJUATO, GTO.- Daños al erario público por más de 60 millones de pesos y unas 150 irregularidades ha detectado la auditoría que el OFS realizada al ISSEG, que implican 65 observaciones civiles y administrativas, o sea que no habrá sanciones penales.

Esto lo confirmó el auditor del Órgano de Fiscalización Superior, Javier Pérez Salazar, y explicó que las reformas a la ley de fiscalización indican que será el Instituto de Seguridad Social quien interponga las demandas civiles, y la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas llevará los procedimientos administrativos.

La auditoría corresponde a los ejercicios 2010, 2011, y el primer semestre del 2012.

Entre las anomalías halladas están: la compra de 405 mil 961 piezas de medicamento caducado del Seguro Popular, por 16 millones de pesos; un adeudo por más de 14 millones de varo por arrendamiento de Hoteles México Plaza; daños por dos millones 235 mil pesos por el proceso de adjudicación e incumplimiento de los servicios de video-vigilancia inteligente en 50 farmacias, por la empresa Portoss; daños por 11 millones de pesos en la obra del Centro de Distribución del ISSEG.

PAN, A FAVOR DE LA TRANSPARENCIA: JUVENTINO

El grupo parlamentario del PAN está a favor de la transparencia, respetando los procesos, aseguró el diputado panista Juventino López Ayala, luego de que pidiera al auditor no proporcionar avances de la auditoría.

Este martes compareció el titular del Órgano de Fiscalización Superior (OFS), Javier Pérez Salazar, ante los integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, para informar sobre dicha auditoría, y el diputado del Verde Sergio Contreras aseguró que el panista evitó que se ahondaran en detalles por ser reservados, por lo que insistió en la falta de transparencia.

Luego el diputado José Juventino López Ayala manifestó su preocupación de que el auditor revelara datos reservados ya que aún no concluye la auditoría, la que estará lista hasta julio. Juventino argumentó que en ocasiones anteriores cuando el auditor compareció ante la Junta de Gobierno sólo decía el estado del proceso y el tiempo estimado para concluirlas, pero en ningún caso dio información de los elementos encontrados ya que la Ley de Transparencia la considera reservada, de ahí la imposibilidad legal de poderla proporcionar por el momento.