GUANAJUATO, GTO.- El Grupo Parlamentario del PAN prácticante eligió este jueves al nuevo procurador de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato.

Se trata de José Raúl Montero de Alba, el candidato más cómodo e idóneo para el gobierno panista en el estado.

Montero de Alba acumuló en votación secreta, o por cédula para ser legislativamente correctos, 21 votos entre los que se encuentran los 19 panistas.

Sus contendientes: José Carlos “PoloPolo” Guerra obtuvo apenas un voto, mientras que el candidato más aguerrido y preparado para el cargo, Eric Bolívar Alonso, solamente fue merecedor de dos votos.

Durante el proceso se registraron 12 votos nulos, todos ellos provenientes de la oposición, según pudo confirmar Contrapunto News.

Al final de la votación se estableció notificarle al ex subprocurador de los Derechos Humanos de Irapuato que ya era el procurador de los Derechos Humanos en el estado.

UN PROCESO VICIADO: PVEM

Tras la votación del nuevo procurador de los Derechos Humanos para el Estado de Guanajuato, la coordinadora del Grupo Parlamentario del PVEM, Bety Manrique declaró que “aunque dicho proceso se ha apegado a la ley, la legalidad del mismo no garantiza la idoneidad del resultado si dicho procedimiento está viciado, de forma, por cuanto a que se presentó apenas unos días antes de que concluyera el nombramiento del actual Procurador de los Derechos Humanos, mostrando un evidente desinterés por parte del Ejecutivo en el proceso y no se tuvo siquiera el cuidado de incluir una mujer en la terna propuesta, cuando existían tres aspirantes; y de fondo, en cuanto a lo que representa cada uno de los aspirantes incluidos en la terna”.

Asimismo, respecto a los candidatos propuestos, Manrique aclaró que esta elección no solo se centra en elegir a un funcionario público que cumpla con requisitos legales para llevar a cabo una función, sino que como diputados tienen  la responsabilidad de nombrar a la persona que al ocupar la titularidad de la Procuraduría estatal de los Derechos Humanos cumpla a cabalidad la función de velar por el respeto a nuestros derechos humanos.

Además, señaló Manrique que durante el proceso de análisis de la terna propuesta por el Ejecutivo, con sorpresa vieron manifestadas ideas respecto a que la calidad moral para hacer recomendaciones dependía del nivel tabular del titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos, comentarios misóginos, posturas tradicionalistas superadas, y una férrea defensa del Poder

Ejecutivo cuando se preguntó de la independencia de la instancia encargada de garantizar que las autoridades gubernamentales respeten los derechos humanos de los guanajuatenses.

UN PROCESO LEGÍTIMO: PAN

Al respecto, el coordinador los diputados del PAN, Éctor Jaime Ramírez Barba, aseguró que la designación de Montero de Alba es legitima pese a que solamente obtuvo 21 votos.

“No yo creo que no llega ilegitima, llega con todo el sustento y con todo el peso de la ley”, declaró.

Luego explicó que la reforma constitucional que se hizo en torno a la elección del procurador de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato en 2012 establece que para hacer el nombramiento se requiere de la mitad de los legisladores más uno, es decir 19, para legitimar la designación.

“A mi me parece que es una persona que tiene y que cubre todas las características que marca la ley, propuesta en los términos que marca la ley”, concluyó

UN PROCESO QUE DEBE REFORMARSE: PRI 

El coordinador de los diputados del PRI, Rigoberto Paredes, también calificó como viciado el proceso de designación del nuevo procurador de los Derechos Humanos.

“Ellos (los panistas) necesitaban los 19 (votos) para legitimar, más no así para darle un mensaje a la ciudadanía. Recuerden ustedes que en mi grupo parlamentario promovimos una inactiva para que sea electo el procurador con las dos terceras partes ( 24 votos), entonces, por un lado decimos transparencia y por otro seguimos con los mismos vicios”, declaró Paredes.

Agregó que lo que su partido quiere es un contrapeso dentro de la Procuraduría de los Derechos Humanos, no que esté en contra del gobernador, sin que genere un equilibrio que ayude a transitar al estado en esa materia.