LEÓN, GTO.- El contralor municipal Leopoldo Jiménez Soto no ve, de entrada, ninguna irregularidad administrativa en la liquidación de medio millón de pesos a Eliverio García Monzón, quien dejó el cargo de juez administrativo de León para ser designado magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa. 

Las regidoras de la oposición Gabriela Echeverría (Morena) y vanessa Montes de Oca (PRI) solicitaron que el caso de investigara a fondo porque consideran que el funcionario (con 17 años de servicio en León) debió regresar el dinero de la liquidación al ser recontratado como funcionario público. 

Lo anterior en base a la Ley de Responsabilidades Administrativas para los Servidores Públicos. 

“El licenciado Eliverio estaba trabajando para el gobierno municipal, que era su patrón, y posteriormente pasa ahora a un órgano que es totalmente autónomo, que es el Tribunal de Justicia Administrativa, ese es el nuevo patrón, y ese patrón pues obviamente no va a sustituir las obligaciones que por 17 años le generó al Municipio el licenciado Eliverio”, declaró el contralor. 

Independientemente de ello, dijo que ya se inició una investigación pata determinar si hay algo irregular en su liquidación. 

“Esa la iniciamos apenas hace un par de días porque, pues es un caso que de entrada no se ve una irregularidad administrativa”, dijo. 

OTRA JUGOSA LIQUIDACIÓN 

Otra liquidación que el contralor municipal está investigado, es la de Antonio Eugenio Rivera, ex director de la Comisión Municipal del Deporte (Comude), la cual también es de medio millón de pesos pero, a comparación de la de Eliverio, con 17 años de servicio, éste sólo con tres años temporalidad. 

“Respecto de la liquidación del ex director general de la Comude, desde hace una semana se viene trabajando (…) Si es un convenio, o si es un despido, o si es una renuncia voluntaria, son diferentes escenarios, y esa es parte de la resolución final para el monto que se le entregó”, señaló Leopoldo Jiménez. 

Agregó que espera que en una semana tenga ya las concusiones, en las que tendrá que determinar si hay o no alguna responsabilidad administrativa.